MEDIOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Siempre me he resistido a creer que la corrupción política  era en realidad tan extensa e intensa como a primera vista viene pareciendo en la calle. Pero la verdad es que cada pocos días salta a la luz pública un nuevo caso, cada cual más espectacular. Si no había bastante ya con los Urdangarín, Bárcenas, Gürtel, Oriol Pujol, ITV, Palau, EREs falsos, cursos de formación y Cuadrifolio,  en los últimos días se ha sumado a la lista el relativo a las irregularidades en las obras del AVE a Barcelona. Y eso por hablar sólo de los casos más mediáticos.
Recordaba hace unos días en el Congreso el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que durante el periodo 2010-2012 la incoación de causas por delitos relacionados con la corrupción se había incrementado en un 17 por ciento y que las sentencias dictadas en ese mismo periodo de tiempo por tales violaciones de la ley habían aumentado en un 151 por ciento.
No precisó el más alto responsable del ministerio fiscal si las sentencias habían sido todas condenatorias, en qué proporción, en otro supuesto, lo fueron y cuál resultó ser el abanico de las penas impuestas. Pero conviene recordar al respecto un par de cosas. Una: que la llamada corrupción viene a ser un pequeño cajón de sastre donde confluyen delitos como la prevaricación administrativa, el cohecho, la malversación de fondos públicos, el tráfico de influencias y los fraudes comunitarios.  
Y evidente es que nada de equiparables tienen, por ejemplo, los casos Bárcenas o Urdangarín y el de los concejales de Santiago,  sorprendentemente  enviados al banquillo por haber “acordado” una supuesta prevaricación administrativa no llevada a la práctica.  Todo, sin embargo, es tenido como corrupción.
Por otra parte, también habría que tener en cuenta que la mayor parte de los casos que se están dilucidando ante los Tribunales corresponden a una época pasada, identificada con la burbuja inmobiliaria, cuando la sociedad en general y las Administraciones públicas en particular disponían de abundantes recursos económicos que daban lugar a una notable actividad de contratación y gasto. Es de suponer, pues, que a estas alturas instituciones y responsables políticos habrán escarmentado suficientemente en cabeza ajena.    
En la comparecencia mencionada, el fiscal Torres-Dulce habló de falta de medios para desde la Administración de Justicia hacer frente al incremento “cuantitativo y cualitativo” de la corrupción. Falta de medios materiales, pero también y sobre todo legislativos. Tal vez esta fue la parte más interesante de su exposición, pues propuso una serie de reformas de calado. Entre ellas, una reconsideración a fondo de la instrucción para hacer de la misma  un procedimiento mucho más funcional, sencillo, ágil y rápido. Algo, por cierto, que incluso a ojos de profano parece más que evidente.