Entre la ignorancia por parte de algunos y la escasa relevancia otorgada por otros, casi de tapadillo estaban pasando por el sistema mediático las actas de la negociación de los Gobiernos Zapatero con ETA, incautadas en su momento en Francia a los dirigentes de la banda terrorista, remitidas después a la Audiencia Nacional y publicadas en parte aquí estos días.
Una iniciativa de Vox ha hecho, sin embargo, revivir el desafortunado curso de aquellos más que contactos, con la petición vía parlamentaria de que los Ministerios de Interior, Exteriores y Presidencia faciliten toda la documentación que al respecto obre en su poder.
Ante la nueva información que les pudiera llegar –y que no será mucha, si es que es alguna- el partido de Abascal reclamaría la puesta en marcha de una comisión de investigación en el Congreso y la comparecencia del ex presidente, sin excluir acciones legales contra el mismo en la Audiencia Nacional por supuestos delitos de revelación de secretos, colaboración con banda armada y traición.
El contenido de las actas (año 2007) es para muchos sobrecogedor. No cabe otra impresión, a la vista de las cesiones o promesas hechas a los etarras, responsables, como se sabe, de casi mil atentados. Se trató de una auténtica negociación política, de mucho mayor alcance que otras puntuales conversaciones, acercamientos o sondeos mantenidos por otros Gobiernos. Los pormenores ahora revelados están confirmando las peores sospechas.
Entre los más notables ofrecimientos destacarían la legalización de la izquierda abertzale por el Tribunal Constitucional, corrigiendo el fallo previo del Supremo; la desactivación en Estrasburgo de la doctrina Parot, que puso en la calle a no pocos etarras y grandes delincuentes; la redacción de un estatuto único para País Vasco y Navarra; la expulsión de los militares de Euskadi; la excarcelación del despiadado De Juana Chaos; la distensión de la presión policial, y los avisos o chivatazos por parte del Gobierno de operaciones antiterroristas –alguna importante– en suelo francés.
Como viene siendo habitual en sus valoraciones, es de suponer que el Gobierno alegará que él nada tiene que ver con tiempos pasados y que, en todo caso, lo publicado es una documentación de parte elaborada por una banda terrorista y, por tanto, falta de credibilidad.
El problema es que buena parte de las peticiones etarras consignadas en tales actas acabaron antes o después y por diferentes vías materializándose. Y los hechos son irrebatibles, sin dueño o mostrencos, como diría alguien. Es de recordar también que toda esta negociación se produce algún año después de que el propio Zapatero hubiera suscrito con José María Aznar el llamado pacto antiterrorista, de cuya promoción e iniciativa política, además, tanto venía presumiendo. Pero por lo que se ve, con una mano firmaba una cosa y con la otra, hacía la contraria. Muy típico del personaje y del partido.