Sábado 25.05.2019

La venda transparente

Desde su reconstrucción en los años veinte del siglo pasado el antiguo monasterio de la Visitación

Desde su reconstrucción en los años veinte del siglo pasado el antiguo monasterio de la Visitación o de las Salesas Reales para doncellas nobles,  sede hoy del Tribunal Supremo, tiene coronada su fachada principal con tres figuras centrales que evocan la Ley, la Equidad y el Derecho.
Por lo que reseñan las enciclopedias y la experiencia personal de muchos de nosotros atestigua, cierto es que la Justicia –sobre todo del siglo XV para acá- ha sido y es a menudo representada como una dama erecta con los ojos vendados. La cinta o tira en cuestión así dispuesta simboliza  la convicción de que la Justicia  deberá comportarse como ciega e imparcial y ser aplicada con objetividad y sin favoritismos. 
El problema es que buena parte de la doctrina la quiere ver con la venda opaca reconvertida en transparente  o ligeramente levantada, porque, a su juicio, quienes la imparten pueden hacer todo lo que está en la ley, sí, pero no pueden olvidar –y aquí está el quid del asunto- ni el entorno ni las consecuencias de sus decisiones.  
Lo estamos comprobando estos días a propósito de la sentencia de Sala de lo Contencioso del alto tribunal sobre quién debe pagar –el Banco y no los clientes- el impuesto de las hipotecas, así como  del acuerdo de su suspensión momentánea ante su “enorme repercusión económica y social”,  hasta que dentro de unos días, en el pleno de la Sala, pueda tal vez sentar jurisprudencia con vistas al futuro.  Como se trata de una sentencia firme, no podrá ser revisada. El revuelo, como era de esperar, no ha sido pequeño.
Quizás se hayan magnificado  los supuestos efectos en la Banca.  Algunos han hablado de hasta un colapso al estilo del Lehman Brothers. Para alguna agencia de rating, sin embargo, el impacto sería “manejable” para el sector tanto en el caso de  hipotecas nuevas (700 millones anuales; el 8 por ciento del beneficio anual) como en el supuesto de que tuviera que responsabilizarse de los últimos cuatro años, que es el plazo de prescripción para la devolución de impuestos indebidamente cobrados: 2.300 millones.  
Sea como fuere, sigue en el aire la pregunta de si, al margen de criterios jurídicos,  los Tribunales deben tener en cuenta consideraciones de muy otro ámbito, como las bajadas –coyunturales-  en los mercados o los ya ajustados márgenes del negocio financiero. Y es que esta especie de utilización alternativa del Derecho; de las togas que, como dijo hace unos años el hoy magistrado del TC Conde-Pumpido, no eluden el polvo del camino,  tiene un efecto perverso sobre los principios básicos de la certidumbre y la seguridad jurídica.
 Algunos no han tardado en pretender aplicar la tesis del “entorno y sus consecuencias” al caso de los golpistas  presos para “desinflamar” el esperpento  catalán. Con el Gobierno al frente, están a la que salta.

La venda transparente
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