Domingo 18.11.2018

Igualar sueldos

Profesor de Informática en un Instituto. Mismas funciones,

Profesor de Informática en un Instituto. Mismas funciones, mismo horario y misma antigüedad en el puesto. Pues bien: si el docente es funcionario en el País Vasco, su sueldo bruto mensual asciende Galicia, es de 2.276; es decir, 481 euros menos al mes. Y si ejerce en Baleares, todavía peor: 2.099 euros. Y un poco igual sucede con los maestros: 2.382 euros en el País Vasco; 2.011 en nuestra comunidad, y 1.834 en las islas. Son datos facilitados por el sindicato profesional ANPE.
Tanto en uno como en otro colectivo, el salario base de turno es el mismo en casi todos los casos. Pero los complementos, tanto de destino como el específico, varían según comunidades autónomas y son los causantes de las diferencias finales. Es de señalar que el segundo de tales complementos es en Galicia el cuarto más bajo para el cuerpo de maestros y el quinto más corto en las nóminas del profesorado de enseñanza secundaria.
El caso es que alentados por la movilización de policías y guardias civiles que reclamaron y han logrado la equiparación salarial con los mossos catalanes, los docentes han creído llegado su turno y han empezado a organizarse de cara a la misma. Su situación, sin embargo, es distinta: maestros y profesores son cuerpo estatal, pero quienes pagan los sueldos son los Gobiernos autonómicos. ¿A quién, pues, reclamar?
Claro, que bien podría repetirse lo sucedido con la subida de los funcionarios: que el Gobierno central termine por decidir y los Ejecutivos territoriales carguen con lo que el primero haya podido establecer. De ello se quejaba hace unos días y no sin razón el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda: “He echado de menos –dijo- más diálogo con las Administraciones, corporaciones locales incluidas, que van a tener que pagar esa subida”.
Sea como fuere, lo cierto es que una vez levantada la veda con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, se ha iniciado la inevitable carrera por la igualación salarial. Y ello en un doble sentido: entre las propias comunidades autónomas y en relación con la Administración central cuando la labor sea la misma. Una carrera, en definitiva, de reivindicaciones que de materializarse supondría un incremento más que sustancial del gasto público.
Cálculos solventes estiman que si a los 1,4 millones de funcionarios susceptibles de recibir mejoras se les aplicara el mismo baremo que a policías y guardias civiles, el coste total de cerrar brechas salariales oscilaría entre los 12.000 y 15.000 millones de euros extra al año.
Y luego está la también inevitable carrera política. Ciudadanos llegó un poco tarde para capitalizar la equiparación en Interior, pero ahora no quiere desaprovechar las oportunidades que se abren: funcionarios de Justicia y Prisiones, profesores, médicos, militares, bomberos y un variado etcétera. Le ha dado la fiebre igualitarista.

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