EL ESTADO AUTONÓMICO SIGUE CRECIENDO

Desde que hace tres años estalló la crisis de deuda pública, el Gobierno de la nación, primero en manos del Partido Socialista y luego del Partido Popular, ha llevado a cabo un proceso de consolidación presupuestaria combinando subidas de impuestos y recortes de gasto público con el objetivo de reducir el déficit. Sin embargo, la mayor parte de estas medidas han consistido en subidas fiscales, tanto a nivel nacional como autonómico y local.
En este sentido, y aunque es el Ejecutivo central quien se lleva la peor fama, destacan las alzas tributarias protagonizadas por las comunidades autónomas. En 2011 en concreto, los Gobiernos regionales llegaron a establecer hasta cincuenta nuevas tasas e impuestos, al tiempo que subían cerca de una docena de tributos, según los datos recopilados por el Registro de Economistas Asesores Fiscales que hace unos días recogía la publicación digital “Libre Mercado”.
Cataluña y Murcia, con seis nuevas tasas, fueron entonces las que más tributos establecieron para ese ejercicio. Andalucía y Galicia, con cinco, no le fueron a la zaga. Además, la mayoría de ellas aprovechó su capacidad normativa para elevar los impuestos cedidos total o parcialmente, de forma que las comunidades autónomas totalizaron en aquel 2011 algo más de sesenta incrementos fiscales, entre la aplicación de nuevas tasas y subidas tributarias.
Pero esta senda, lejos de frenarse, continuó durante 2012 y 2013. Así, según la recopilación que incluye el último Programa de estabilidad 2013-2016 que el Gobierno envió a Bruselas, las autonomías –excluyendo las forales– subieron otros cincuenta y seis impuestos y crearon hasta once nuevas figuras tributarias en los dos últimos ejercicios. Es decir, otras sesenta y siete alzas que, en total, suman cerca de 130 aumentos tributarios desde 2010 tan sólo en el ámbito autonómico.
Todo ello es resultado de una flexibilización de los límites establecidos en la ley de Financiación autonómica para la creación de impuestos, así como de varios pronunciamientos del Tribunal Constitucional favorables a su constitucionalidad.
A pesar de todo, el conjunto de las Administraciones autonómicas no logra cuadrar sus cuentas. Y a pesar de todo, sigue gastando más. Sigue incrementando su déficit y su deuda. La evolución que han registrado las cuentas regionales durante la crisis demuestra que, lejos de aplicar drásticos recortes públicos para aligerar sus sobredimensionadas estructuras, el gasto público ha aumentado pese a las dificultades económicas y el desplome de la recaudación fiscal.
En concreto, las comunidades gastaron 186.474 millones de euros en 2012, casi un 20% más que en 2007 (unos 30.000 millones), en pleno pico de la burbuja inmobiliaria. Así pues, el análisis de las cuentas regionales no deja lugar a dudas el Estado autonómico es hoy mayor que antes de la crisis. Paradójico, pero cierto