El TC lo complica

Dicen los manuales de Derecho parlamentario que sólo la Constitución italiana se muestra más generosa que la española a la hora de conceder la iniciativa legislativa. Aquí corresponde a Gobierno, Congreso, Senado, Parlamentos de las comunidades autónomas y a los ciudadanos a través de la iniciativa popular.
En el Congreso y a través de las correspondientes proposiciones de ley, pueden ejercerla bien el grupo parlamentario con la sola firma de su portavoz, bien individualmente el diputado con la firma de otros de otros catorce miembros de la Cámara. Es decir, que por facilidades no queda.
Así las cosas, en la sesión del control al Gobierno del miércoles último le asistía buena parte de razón al ministro de Educación, Méndez de Vigo, cuando reprochaba a Ciudadanos su falta general de iniciativas y especialmente en lo que se debatía: cómo garantizar que el castellano sea, junto al catalán, lengua vehicular en la enseñanza.
“Ustedes –les dijo– lo único que hacen es criticar o tuitear, pero no hacen absolutamente nada más. ¿Dónde están sus iniciativas”. Y así es, hasta el punto de que si hoy se pregunta al ciudadano de a pie quién ganó las recientes elecciones catalanas, muchos dirán que Puigdemont o, en todo caso, el independentismo.
El ministro se lo recriminó: “Ustedes han ganado las elecciones y han desaparecido de Cataluña. Si era útil votarles allí, como dijeron, ahora estamos viendo que no es útil para nada porque las cosas no cambian”. Aunque con sus habituales buenas palabras y formas, tal vez haya sido el titular de Educación quien hasta ahora más ha apretado al partido de Rivera en esta cuestión: su parálisis en aquella comunidad y su estar desde la barrera y a toro pasado a la que salta.
La verdad es que el Gobierno había lanzado días antes en barbecho su pretensión de hacer algo para el cumplimiento efectivo, y no sólo en el papel, del bilingüismo en la escuela catalana. No concretó ni el qué, ni el cómo ni el cuándo. Fácil no lo tenía. Porque transitar entre competencias autonómicas exclusivas sin romperlas ni mancharlas y eludiendo a un tiquismiquis TC, resulta más que complicado.
Lo relevante ahora es que con la reciente y sorpresiva sentencia al respecto, el alto tribunal se lo ha puesto aún peor; a éste y a cualquier otro Gobierno. No es que el Ejecutivo central ya no vaya a poder hacerlo, sino que ha de ser de otra manera a la que venía practicándose en la actualidad: no a través de la Alta Inspección del Estado, sino bajo la cobertura de alguna competencia estatal de coordinación que resulte “debida, necesaria y proporcionada”.
¿A qué instancias judiciales les habrá de tocar en su día verificar la observancia en la práctica de estas tres tan imprecisas y genéricas condiciones? No les arriendo la ganancia.