Doble vara de medir

Cierto es que se trata de un escrito de acusación de la Fiscalía Aanticorrupción y que en la petición de penas el Ministerio Público suele tirar por lo alto. Pero los números son los números y, vistas sus dimensiones, el caso de los ERE falsos andaluces está llamado a suponer el mayor saqueo de fondos públicos registrado. O si se prefiere, la cima de la corrupción en nuestro país, salvo que, por ejemplo, el caso Pujol diga en su día otra cosa. 
Y ello es así por tres razones. Primera, por el montante: más de 800 millones de euros irregularmente utilizados entre unas cosas y otras.  Segunda: por la calidad del dinero, público en su integridad. Y tercera, porque se trata de toda una tela de araña institucional promovida desde la Administración socialista andaluza, que ha devenido en nada menos que en 276 imputados y que en la pieza separada que ahora judicialmente se aborda –la llamada trama política– afecta a 26 de ellos, entre los cuales se encuentran dos expresidentes autonómicos, que también fueron presidentes del partido y ministros del Gobierno central: Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Uno y otro; “Manolo” y “Pepe”, según la solidaria jerga de sus correligionarios andaluces, tal vez no se hayan lucrado personalmente con el sinuoso e irregular procedimiento ideado para la gestión de ayudas sociolaborales. Pero no impidieron tales irregularidades, pese a las advertencias de la Intervención regional. 
La conclusión del Ministerio Ppúblico es clara: la ausencia de la obligada fiscalización, por un lado, y de convocatorias públicas, por otro, hicieron posible la gestión “arbitraria” de 741 millones largos de euros entre los años 2000 y 2010, en beneficio de determinadas empresas y personas que se lucraron con dichas partidas y destinándolas a una finalidad ajena a la prevista. 
La acusación a la antigua cúpula de la Junta andaluza ha venido a aliviar al Partido Popular de la presión social y mediática que lleva padeciendo por los casos que en otras instancias judiciales le afectan. Ninguna corrupción es, desde luego, tolerable. Pero dicho esto, no es posible pasar por alto la brutal diferencia entre el impacto en la opinión pública de este inmenso caso de los ERE y el de otros mucho menores en cuantía, que no han ensuciado a toda una Administración pública, pero que, sin embargo, llevan tiempo copando tertulias y portadas informativas.
Desde la altura de los ERE ni siquiera se avistan casos como el de Gürtel o Bárcenas. Y ya lo de Rita Barberá y el PP de Valencia es una pura migaja de 50.000 euros a repartir entre cincuenta personas. Pero medios y políticos están practicando una escandalosa doble vara de medir. Un doble rasero que –digo yo– también es corrupción.