Barato y rentable

La verdad es que hay que hacer un enorme esfuerzo mental para dar por bueno que la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la consulta secesionista ilegal del 9-N es “sólida en sus razonamientos  estrictamente jurídicos” tal como entiende algún ilustre ex magistrado que merece crédito profesional. 
Será que uno ve las cosas desde la orilla del profano. Pero que se pueda desobedecer como lo han hecho Artur Mas y sus ex consejeras Ortega y Rigau y que ello no implique prevaricación (dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia), resulta difícil de asumir. 
O que se pueda prevaricar y que los gastos de ello derivados (4,7 millones de euros de dinero público) no supongan malversación de fondos públicos, tal como entendió el fiscal de turno, tampoco es fácil de aceptar.
El hecho es que los acusados de prevaricación y desobediencia han sido absueltos por el primero de los delitos, pero condenados como responsables criminales del segundo. A los tres se les han impuesto penas de multa e inhabilitación especial. Pero como la sentencia no es firme, en espera del recurso de casación ante el Supremo no cabe adelantar el cumplimiento de las mismas. De momento, la exconsejera Rigau  ha manifestado  que, mientras así sea,  no se sentirá inhabilitada como para abandonar su escaño en el Parlamento catalán. 
Así las cosas, desde que Torres-Dulce presentara su dimisión tras haber instado, a iniciativa propia y en discrepancia con la Junta de Fiscales de Cataluña, las actuaciones contra los ahora tres condenados, la Administración de Justicia ha ido reduciendo cargos y, muy significativamente, el de malversación, que se hubiera castigado con pena de cárcel. ¿Pacto político detrás de todo ello? A eso huele. Pero sí ha sido una pena que por falta de acusación el Tribunal juzgador no haya podido examinar este punto. 
No son de extrañar, pues,  las reacciones habidas. En primer lugar, la irritación y desconcierto de buena parte de la opinión pública ante un veredicto “bochornoso y vergonzoso” y unas penas “ridículas”. 
En segundo término, el alivio de sectores que contemporizan con el independentismo (sentencia “ponderada y comedida”). Y en tercer lugar,  la satisfacción apenas disimulada de la Generalidad  soberanista y del propio Más,  para quienes la aventura del 9-N les ha resultado baratísima. Y yo añadiría que incluso rentable. 
La difusión del proceso independentista, con todas sus mediáticas puestas en escena,  habrá merecido, si el Supremo no lo remedia,  los dos míseros años de inhabilitación, que vaya usted a saber cuándo y cómo se cumplen.  Su desafiante, provocador y chulesco lema “lo volvería a hacer” no sólo no ha caducado, sino que ha salido reforzado. Y es que quien no teme la pena no teme el delito.