ASIGNATURA PENDIENTE

Definitivamente el Gobierno central ha venido a reconocer que la deuda autonómica es una bola de nieve impagable e imparable. Sigue creciendo sin término. En septiembre último su cuantía se elevaba a cifra récord de 232.000 millones de euros; esto es, un 22 por ciento del PIB y un 16,15 por ciento de aumento sobre el tercer trimestre del año pasado.
 Esto significa que las comunidades autónomas en su conjunto no sólo rebasan ya el tope de pasivo global que les había asignado el Ministerio de Hacienda para este año (21,1 por ciento del PIB), sino que también incumplen –y de lejos- los topes fijados- para el próximo trienio;  es decir, hasta el año 2017.
Ante tal panorama el Gobierno central tiene decido echar una nueva mano  -¿y van?- a las cuentas regionales.  Esta vez, en forma de perdón de los intereses no sólo de la deuda que las comunidades  mantienen  con la Hacienda central a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y del Plan de Pago a Proveedores –hoy por hoy en torno a los 90.000 millones de euros-, sino también de la que venza en un futuro y la que se derive de la autorización de nuevas operaciones de endeudamiento.  Y todo ello, hasta que se establezca el  nuevo sistema de financiación autonómica.
La medida, de materializarse, vendría a afianzar la percepción de que el Gobierno central termina saliendo en auxilio de las comunidades con déficit excesivo, independientemente de su diligencia en controlarlo. Algo que en toda lógica se convierte en agravio para las cumplidoras que –como Galicia– se han esforzado por hacer los deberes.
Cierto es que  también éstas podrán acogerse a la oferta navideña de financiación gratis, por lo que algunos presidentes hasta ahora reticentes  a someterse a los condicionamientos del FLA, como Feijoo, van a tener que pasar por el aro. Porque no se entendería que siguieran acudiendo a los mercados para buscar dineros.   
No hay, pues, que dar muchas vueltas para concluir que el control del déficit sigue siendo una asignatura pendiente y que no valen los parches que las comunidades van poniendo por su cuenta. En realidad, sólo tres  –Galicia, Navarra y País Vasco- están en condiciones de satisfacer el objetivo marcado para el año en curso, mientras que en otras nueve se detectan “riesgos más o menos elevados de incumplimiento”.
Lo sorprendente es que el Gobierno central no haya  sabido o –mejor– no haya querido aplicar los mecanismos legales de que se había dotado en la ley de estabilidad presupuestaria. A ello le ha requerido el supervisor de las finanzas públicas.
Pero no creo que en año electoral se ponga a hacer lo que hasta ahora ha eludido.