Reformar la ley electoral

Mariano Rajoy abrió recientemente el debate público sobre la conveniencia de reformar nuestra ley electoral para garantizar la elección directa de los alcaldes en las elecciones municipales. Se trata de garantizar que gobierne el candidato a alcalde más votado, y evitar que coaliciones oportunistas arrebaten la alcaldía a la lista más votada.
La reforma expuesta por el Partido Popular pretende que se respete la voluntad democrática de los ciudadanos expresada en las urnas, evitando que pactos postelectorales pueda torcerla o deturparla.
No parece razonable que a quien le falta un puñado de votos para obtener la mayoría absoluta, como ha pasado en distintas ciudades de Galicia en las municipales de 2011, sea desbancado por coaliciones oportunistas de tres o cuatro partidos, muchas veces con programas electorales  contradictorios, y solo un elemento en común: lograr que no gobierne el Partido Popular.
Eso es lo único que une a muchos partidos de la izquierda, más o menos radical de nuestro país. Los ciudadanos no votan coaliciones inexistentes, o que incluso se niegan antes de la cita electoral. Los ciudadanos votan listas electorales con cabezas de lista conocidos. Lo demás son engaños postelectorales.
El mapa político gallego permite comprender la realidad de la propuesta de reforma electoral que pretende Mariano Rajoy. En Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo hay alcaldes que no representan a la mayoría de los ciudadanos.
En todas esas ciudades el Partido Popular ganó las elecciones siendo la lista más votada, a poca distancia de la mayoría absoluta, y sin embargo no gobierna. En Lugo, por ejemplo, a escasos 400 votos. En Lugo, Ourense y Vigo se da la paradoja de que el partido que apoyó la investidura del alcalde socialista, o sea, el BNG, después decidió desentenderse del gobierno local, dejando a los socialistas en minoría, y sin socio de gobierno.
Su único interés consistió en arrebatar la alcaldía a la lista más votada. Un ejercicio de irresponsabilidad y de cinismo democrático de alta graduación.
Todo sistema electoral debe conjugar la representatividad con la necesaria garantía de la gobernabilidad. Y los sistemas mayoritarios lo hacen mejor que otros, y están plenamente vigentes en países de profunda tradición democrática como Francia, Reino Unido o Italia.
España debería recorrer ese camino, garantizando la alcaldía al cabeza de lista más votado, y evitando la especulación política de las minorías.