Queremos una investigación competente

Recuerdan? Era como una peli de buenos y malos: un coronel, su jefa. Un delegado gubernamental, un ministro; un informe de corta y pega, un segundo informe más “aseado”,  el ruido de buena parte de la prensa afín a la derecha y sus señorías montando un circo en el Parlamento. Se buscaban culpables por agitar el coronavirus el 8-M. ¿Vale? No se trataba de ganar la guerra al maldito virus coronado, sino a derrotar al gobierno. La ya conocida táctica de la derecha de “cuanto peor mejor para nosotros” reflexión de Rajoy o “si se hunde España ya la salvaremos nosotros” en palabras de Montoro
 Como recordaba Julio Llamazares él 8-M se celebraron misas, toros, funciones de teatro, sesiones de cine. La Liga de fútbol con cincuenta mil espectadores en un Betis-Real Madrid. Además la Asamblea de la extrema derecha y las elecciones en Ciudadanos. Y la Guardia Civil ¿Ni vio ni escuchó nada? Pues ahora tiene una gran oportunidad para otro informe:  un consejero de la comunidad madrileña advirtió al responsable de sanidad que era inmoral y posiblemente  ilegal, recomendar que los ancianos acogidos en las residencias geriátricas no podían ser discriminados al negarles ser atendidos en los hospitales que trataban el coronavirus y que además  podía tratarse de un delito. Al tiempo acusó  al gobierno dirigido por Ayuso de falta de ética y de cometer una posible ilegalidad. Hay que añadir que al documento, le llamó borrador, cundo circuló por los departamentos de Política Social y de Sanidad. Ah, por cierto: el mismo protocolo funciona aquí en Galicia. La discriminación no es por edad ni por la dependencia (en el protocolo se habla de dependencia dos y tres) sino por el lugar donde están. Un ciudadano de esas características si está en su domicilio accede sin problemas a cualquier hospital y, en caso contrario el hospital –lo hemos oído y leído muchas veces– “se traslada a su domicilio”. Por algo a las residencias les llaman “aparcaderos”. Y resulta que cada día un centenar de persona muere en España por falta de ayudas a la dependencia, Ley recortada por Rajoy en nueve mil millones. Las cifras las facilita la Asociación de Directivos de Servicios Sociales: hay más de doscientos cincuenta mil ciudadanos que esperan la ayuda y alrededor de doscientas mil que esperan ser valoradas. Las comunidades autonómicas son las administraciones competentes en la materia. Que se expliquen. Y un nuevo informe de la Guardia Civil. Estamos a la espera. Por higiene queremos un informe independiente y competente.