• Miércoles, 19 de Septiembre de 2018

¿Llegaremos a buen puerto?

el asunto ¿? empieza con un desastre: la última marea negra

el asunto ¿? empieza con un desastre: la última marea negra –la de los hilillos de Rajoy, ¿ecuerdan?; la de las playas esplendorosas de Trillo, la de la promesa de Aznar en el palacio de María Pita, buscando como remedio un puerto seguro.
Con los antecedentes de Bilbao y Gijón, el pacto parecía bueno. Pero con el paso del tiempo llegó la pregunta de ¿y el dinero qué? Parecía una perogrullada, pues hasta esa fecha la pasta la ponía el Gobierno, que era el que entre tasas y otras fruslerías –y a través primero de las Juntas de Obras del Puerto y ahora Autoridad Portuaria– recaudaba lo más “gordo” del negocio.
Pasa el tiempo, y las tormentas en punta Langosteira y los millones enterrados, y se nos comunica que el pacto Xunta-Fomento prevé que Batería y Calvo Sotelo dejen su uso portuario y que una empresa pública gestionará (venderá) el terreno.
Otra vez hablamos ya de pelotazo. La Diputación dice que bueno y al Ayuntamiento ni se le consulta. Es terreno público dicen desde el Gobierno (ya, ¿y aquí somos público o estamos de adorno?) y no nos habla de lo público, señores del PP, cuando tenemos datos en los tribunales de cómo tratan ustedes lo público.
La paradoja es que el acuerdo deja fuera a los representantes de la ciudad en la mayor transformación de suelo –son más de medio millón de metros cuadrados en pleno centro–, lo que significará no solo una nueva fachada marítima, como suelen decir desde la Xunta, sino que además transformará buena parte de la urbe.
Cumple recordar que las operaciones similares que se hicieron en Gijón, Bilbao, Barcelona o Valencia se llevaron a cabo con la administración municipal, a la vez que la autonómica y la estatal. El acuerdo, “as agochadas”, no tiene otra justificación que las fechas: estamos en víspera de elecciones municipales y autonómicas, lo que rodea al hecho de un cierto tufillo.
Recordemos además que el oscurantismo sobre el acuerdo suscrito por el Estado, Puertos que es un apéndice del mismo, y la Xunta, no fueron conocidos por la opinión público y el Ayuntamiento hasta dos días después de su firma, ya que los firmantes escondieron buena parte de los términos exactos. Desde el Ayuntamiento acusan al Ejecutivo regional y al Gobierno de la nación de tratar los terrenos “como su cortijo”.
Según los que entienden, se trata de una gran operación inmobiliaria pactada hace catorce años, cocinada de espaldas a la ciudad.