• Domingo, 23 de Septiembre de 2018

Políticas redistributivas

el sustancial incremento de la desigualdad, acompañado de una importante

el sustancial incremento de la desigualdad, acompañado de una importante caída de rentas, ha generado situaciones de pobreza y exclusión social, que hace unos años parecían desterradas de nuestra sociedad. También los niveles de desigualdad se sitúan en máximos históricos en España.
La Unión Europea siempre ha estado comprometida, al menos en teoría, con la reducción de la pobreza y la exclusión social. Actualmente y de cara al futuro, según algunos expertos, requerirá un cambio de paradigma en las políticas económicas, cuyo punto de partida deberá ser el nivel de vida y el bienestar de los ciudadanos frente a los grandes índices macroeconómicos. Lo importante tendrá que ser garantizar el acceso a un nivel mínimo de renta que otorgue la capacidad potencial y real de satisfacer las necesidades básicas de la persona, haciendo efectiva la libertad de elegir la vida que los individuos quieran vivir, proporcionándoles cierta protección frente a los riesgos de carácter económico y personal.
Para que esto pueda ser realidad las diferentes administraciones tienen que mantener un peso decisivo en el gasto de protección social, como pensiones y desempleo, así como en educación, sanidad y servicios sociales. Todo ello a través de una política redistributiva valiente. Deben entender que los servicios públicos recibidos no dependan de la renta de las familias, sino de sus necesidades que así generaría la igualdad de oportunidades. Para que esto suceda, nuestros gobernantes, tienen que ser conscientes de que para garantizar el estado de bienestar, como sucede en países como Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda…, no solo es necesario la previsión de gasto sino el tener una clara voluntad política.
Lógicamente, este estado de bienestar tiene que estar garantizado en todo el territorio español. La Constitución de 1978 establece el compromiso de hacer compatible la diversidad territorial con la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos, en especial los fundamentales.