Jueves 20.06.2019

Dos sentencias

En una democracia como la nuestra las sentencias judiciales son dictadas conforme a derecho, pero algunas chirrían tanto que desconciertan a los profanos y también a los que saben de leyes. La semana pasada se conocieron dos. La primera absuelve a todos los que quedaban imputados en el despropósito urbanístico de Barreiros en donde se habían concedido en 2006 de un golpe 44 licencias para construir 3.500 pisos. El celo de la Xunta del bipartito paralizó aquella edificación en masa y a partir de ahí comenzó un largo proceso judicial que culminó con esta sentencia del juzgado de lo penal de Lugo que, después de escuchar a decenas de testigos, constructores, políticos y funcionarios para dilucidar si las licencias se habían concedido de manera reglamentaria, resuelve que ni a nivel político ni jurídico hay responsables de lo ocurrido en la población lucense

En el paisaje del pueblo quedan edificios a medio hacer –el cuerpo del delito– y promotores arruinados, algunos especuladores, otros empresarios honrados, y muchos particulares que perdieron sus inversiones. Por eso, no es fácil entender que nadie sea responsable de este desastre urbanístico y económico. 

La segunda sentencia es de la Audiencia de Barcelona y exculpa a la cúpula de Catalunya Caixa -ex presidente Narcís Serra, ex director general Adolf Todó y otros de los cargos de administración desleal y apropiación indebida por los sobresueldos que se otorgaron en 2010 y 2011 con elevado quebranto económico para la entidad. 

Dice la sentencia que “no existe comportamiento delictivo ni en los aumentos de sueldo, ni en el proceso que llevó a su aprobación” que conocía el Banco de España, aunque la decisión se tomó en una situación muy delicada para la Caja. Hay que recordar que la gestión de estos directivos causó la pérdida de unos 12.000 millones de euros a Catalunya Caixa que tuvo que ser rescatada por el Estado con un coste proporcionalmente superior al de Bankia. Mientras, aquí en Galicia 4 directivos de Novacaixagalicia subieron sus indemnizaciones, también con el conocimiento del Banco de España, cuando esta Caja estaba en situación igual de delicada que la catalana. Puede haber diferencias de matiz entre ambos casos, pero estos directivos fueron condenados por los mismos delitos de  administración desleal y apropiación indebida y entraron en la cárcel. Conclusión, que en teoría la justicia es igual para todos. Pero en la práctica, hay sentencias que parecen contradecir ese principio.

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