La agenda social

La semana pasada, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias compitieron para dilucidar cuál de los dos presentaba antes en el Registro del Congreso las primeras proposiciones de ley y no de ley, aún sabiendo que tales iniciativas no se pueden tramitar hasta que haya un gobierno que ellos quieren que sea de progreso y cambio. 
Además de coincidir en el paquete de derogaciones y contrarreformas, el denominador común de ambos es la “agenda social”, que incluye un amplio programa contra la pobreza y la desigualdad. El Ingreso Mínimo Vital de los socialistas y la Renta Básica Universal de Podemos son las acciones estrella con el objetivo encomiable y necesario de “acabar con la austeridad y rescatar a las personas”. Hay una propuesta más, común a los dos partidos: el blindaje en la Constitución –cuando se reforme– de la sanidad y educación como derechos ciudadanos.    
La pregunta es obligada: ¿tienen esas propuestas, tan ambiciosas como justas, una base económica? ¿De verdad creen Sánchez e Iglesias que la sanidad y educación están garantizadas por el hecho de que, como dice el bolero, lo “dicte un papel”, aunque sea el papel noble de la Carta Magna?   
Son preguntas pertinentes porque la agenda social va a disparar el gasto y entre las iniciativas presentadas por estos partidos no aparecen propuestas claras para generar ingresos reactivando la economía y creando empleo de calidad, que es la garantía de la fortaleza de las cuentas públicas y de la sostenibilidad de esos servicios del programa social.  
Por tanto, no deberían olvidar la generación de recursos, porque, gobierne quien gobierne, la sanidad y la educación, igual que las demás prestaciones sociales, se sostienen con euros que salen del Presupuesto y si se desploman los ingresos del Estado, como ocurre ahora, y se mantiene –o aumenta– el nivel de gasto, el sistema es insostenible. Con esta situación, una de dos, o se recortan gastos y prestaciones o hay que seguir acudiendo al mercado para ampliar la hipoteca de la deuda que ya ronda el cien por cien de cuanto producimos. 
Hay otra pregunta también pertinente, aunque puede no ser políticamente correcta: ¿por qué entre las propuestas de socialistas y podemitas –y también de populares y Ciudadanos– no figura adelgazar las administraciones públicas, cargos políticos incluidos, para aplicar los recursos ahorrados a inversiones productivas, a la agenda social y a otros servicios del Estado de Bienestar?