Tarifas eléctricas fuera de control

después de un invierno tan riguroso por las gélidas temperaturas que sufrió toda la Península, que no son las únicas registradas en los últimos años, pero sí los precios de altísimo nivel al que cotiza el baremo de la luz.
Todo ello después de haber liberado el sector energético, pero, en realidad, se convirtió en una escalada continua de la tarifa hasta llegar al punto de asfixiar a la ciudadanía a base de carreras de subidas en los precios del sector y todo a cargo del sufrido consumidor.
Se dieron excusas peregrinas para justificar lo injustificable. No es la primera vez que España sufre un otoño tan seco y un invierno complicado. Cada cierto tiempo se conjugan una serie de condiciones naturales que nos afectan de lleno y nunca la electricidad había sido tan cara como lo es ahora. Encima el responsable ministerial se excusa en la meteorología, como si esto nunca sucediese antes. En lugar de atajar el problema real que esconde la gestión que realizan las empresas energéticas obteniendo cada vez mayores beneficios a costa del consumidor.
Las propias empresas se escudan en que sus mayores resultados proceden del exterior, algo que tampoco les justifica, ya que año tras año sus beneficios lejos de menguar aumentan, mientras los consumidores ven como sus ingresos encogen cada vez más, al llevarse las empresas energéticas un buen pico de sus salarios y pensiones.
El consumo de la energía eléctrica, representa solo el 37% del recibo; el IVA se lleva otro 21% y las ayudas y gabelas del recibo concedidas bajo la anuencia del Gobierno de turno, el resto que es el 42%. Es decir, de cada cien euros del recibo de la luz, el abonado solo gasta el 37%, al fisco otros 21%, este impuesto puede reducirse al 4% por ser un bien de consumo de primera necesidad y vital para sobrevivir. Lo que sucede es que no se quiere tocar debido a su jugoso ingreso para la Hacienda Publica, ya que de otro modo los gobernantes tendrían que estrujarse la sesera para saber de donde sacar esta diferencia.
Y en lo que respecta a las gabelas que se incluyen en el consumo por potencia instalada, suponen que el cliente pague más por este apartado, que por el propio consumo energético generado.
Estas concesiones deberían pagarse con cargo a beneficios de las empresas del sector o por medio de la deuda pública, por haberla generado el órgano estatal, no el consumidor, por tanto esta partida no debería estar ahí, pero lo está, pese al malestar de los ciudadanos que tienen la obligación de soportarlo sin elección alguna.
La Fiscalía tomó nota y el Gobierno debería hacer lo mismo. No estaría de más que hubiese una regulación del sector, dado el carácter estratégico, los españoles pagan la energía más cara de Europa y tienen los sueldos más devaluados del continente. ¿Alguien en su sano juicio lo entiende?