LA POLÍTICA MUNICIPAL DE LOS ASCENSORES

La ley de rehabilitación urbana que entró en vigor el pasado 28 de junio del 2014 no fue tenida en cuenta por el Ayuntamiento coruñés y obliga a suspender las expropiaciones en bajos y viviendas de la superficie precisa para la instalación de ascensores en las edificaciones que carecen de dicho elevador.
El municipio se amparó en la ordenanza de conservación y rehabilitación de inmuebles, en la ley de economía sostenible y en la de vivienda de Galicia, que declaraba de utilidad pública la expropiación forzosa de los espacios precisos para la instalación de ascensores, siempre previa demostración que no había solución alternativa.
Con la nueva ley, el municipio considera derogado el artículo 111.5 de la anterior ley de economía sostenible y la nueva ley sólo permite  que se ocupen espacios cuando no resulte viable otra solución técnica, pero especifica qué espacios se pueden ocupar. Por tanto, la resolución del Concejo es que solo se efectuarán las expropiaciones en los casos de rehabilitación integral del edificio y cuando la instalación de los elevadores figure en los planos municipales de rehabilitación.
Otra vía es que el espacio solicitado sea propiedad de la comunidad y su uso corresponda a uno de sus vecinos; esta posibilidad excluye a los locales comerciales y viviendas situadas en planta baja. De modo que los vecinos que han solicitado al Ayuntamiento permiso para que se ejecute la expropiación, ya han recibido o están recibiendo los oficios al respecto.
Así las cosas, los dueños de los locales que se nieguen a ceder parte de su terreno para la instalación de un elevador, en este caso, los vecinos del inmueble, tendrán que dejar a un lado su interés en la colocación del mismo y recurrir a la justicia para lograr su objetivo y como el tiempo medio de espera para autorizar o denegar la petición de su instalación, podrá ser de dos años. Por lo que la incertidumbre y los gastos que ello origine son un obstáculo más a tener en cuenta.
A este respecto, Carlos Marcos, de Unión Coruñesa, lamenta “los cambios y la poca fiabilidad que tiene el gobierno municipal a la hora de comprometerse en hacer de intermediario en unas obras tan polémicas, como el algunos casos controvertidas. Es preciso que todos los vecinos busquen la mejor solución para llegar a acuerdos. Que plantear un pleito que no sabrán su resultado hasta pasado un tiempo”.
Paciencia y comprensión se necesitan a grandes dosis en este problema que de buenas a primeras parece insalvable, pero, sin embargo, con la buena voluntad de las partes en litigio se logra todo.