El gasto autonómico

Casi nada se ha hablado del tremendo agujero que las autonomías han dejado en la economía española en los últimos cinco años, cuyo rescate supera los 200.000 millones de euros y agrava la situación de España por medio del balance deficitario de la deuda pública soberana. De poco o de nada valen los recortes realizados bajo la presidencia de Rajoy a los ciudadanos de este país, si después no se controla el déficit autonómico y hay que acudir a su ayuda, como antes también se hizo con el sector bancario, en lo peor de la crisis que asoló al país y que dejó a los españoles desplumados y cacareando como el gallo de Morón, como si aquí no hubiese ocurrido nada.
Es inútil recortar y exigir más esfuerzos a los ciudadanos, cuando el poder político de la autonomía está fuera de control y no se le exige responsabilidad en cuanto al dispendio de los caudales públicos, inherentes de los impuestos de todos los españoles y supeditados a dar cuenta de modo fehaciente a donde van a parar y a que se destinan. No puede ser que el dinero público, según algún responsable político ha dicho o piensa, no sea de nadie y entonces se pueda gastar con mayor alegría, cuando debería apretarse el cinturón como el resto de los españoles y padecer en sus bolsillos la estrechez que sienten sus ciudadanos.
Hasta en esto los políticos están privilegiados. De tal modo que las inyecciones de liquidez a las autonomías hasta el fin del 2016 suman ya el 20% de PIB español. Ahí es nada, quiere decir que de cada 100 euros de impuestos pagados por el contribuyente las autonomías se han llevado 20, sin saberse en que los han gastado o invertido.
Pese a esta creciente ola incumplidora en el presupuesto autonómico, el Gobierno central no parece animado a echar el freno a un carro desbocado camino del precipicio. Si todo sigue igual, es posible una quiebra presupuestaria autonómica y con ello arrastrar a la deuda pública a no poder hacer frente a partir de los próximos cinco años, si no se revierte de un plumazo esta perentoria situación financiera autonómica. Ya que la situación no mejorará en este año 2017, y todo apunta a que empeorará, donde existen unas obligaciones financieras de al menos 30.000 millones de euros, de los cuales 24.000 millones, se van a amortización e intereses y los otros 6.000 millones a financiar el objetivo de déficit del 0,6%. De cuya situación se salvan vascos y navarros, que han cuidado su responsabilidad administrativa.
Mientras que Cataluña ocupa el primer puesto con una deuda de 63.000 millones de euros, de los recibidos en los últimos cinco años, que equivalen al 31% de todo el total en la repartición autonómica, le sigue Valencia con casi 48.000 millones y Andalucía con otros 30.000 millones. Es la reticencia autonómica de abandonar el paraguas estatal.