Octubre revuelto

Octubre se perfila como un mes agitado. Sobre todo en Cataluña y por obra y maniobras de los separatistas que han dado un paso que de hecho viene a legitimar la violencia al aprobar en el Parlament una resolución que exige la libertad de siete detenidos a los que la Fiscalía imputa presuntos delitos de terrorismo. La resolución aprobada que se unió a otra que reclama la salida de la Guardia Civil es una vuelta de tuerca a la desesperada en vísperas de que el Supremos de a conocer la sentencia contra los políticos encarcelados por su participación en el intento de golpe de Estado institucional de octubre de 2017. En círculos judiciales se habla del 10 de octubre como la fecha en la que se haría pública la sentencia.

Aunque menguado, como se pudo comprobar en la Diada, el universo separatista intenta agitar a su parroquia aprovechando tanto la sentencia como el aniversario de la fallida proclamación hace dos años de la República. Lo sucedido en el Parlament desmiente o cuando menos matiza la pretendida división entre ERC y JxCat. Como se ha visto, más allá de las diferencias tácticas, siguen del brazo en todo lo que concierne a la quimera independentista. 

El Gobierno no por estar en funciones puede dejar pasar el desafío a la legalidad que suponen las resoluciones aprobadas por los separatistas. Tiene anunciado que las recurrirá ante el TC pero dada la lentitud con la que opera el Alto Tribunal, quizá debería abrir una línea paralela para atajar lo que de hecho supone un acto de rebelión. Al exigir la libertad de personas detenidas por orden de un juez, pedir “amnistía” para los políticos presos y reclamar la expulsión de la Guardia Civil, el Parlament se coloca fuera del ámbito de sus competencias. 

Que al frente de semejantes iniciativas que cuestionan el Estado de Derecho y la separación de poderes se encuentre el presidente de la Generalitat, primera autoridad de aquella comunidad, plantea un problema añadido. Ante semejante desafío el Gobierno no puede adoptar el papel de espectador. Aún estando en vísperas de unas elecciones y sabido que en campaña los políticos solo están pendientes del voto, Sánchez va a tener que mojarse. Veremos sí era sincero cuando hace unos días proclamaba que no le temblaría la mano para obligar a las autoridades catalanas a cumplir las leyes. Octubre va ser un mes muy movido.