LIMITAR LA LIBERTAD DE PRENSA

El poder político no ceja en su empeño de coartar las libertades. Al menos, es la estela que nos deja la anunciada reforma del proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, una iniciativa del Ministerio de Justicia que impone limites inasumibles a los derechos de información y de libertad de expresión, consagrados en el artículo 20 de la Constitución.
Quienes lo elaboraron parece que parten de la falsa idea de que la corrupción no existe si no se da a conocer y, por tanto, imponen limitaciones al derecho a la información; y no sólo cuando se decreta secreto de sumario, como viene ocurriendo hasta ahora, sino cuando lo dictaminen el juez y el fiscal. Es decir, que con ese código los casos de corrupción no podrían ser conocidos por la sociedad como vienen ocurriendo en la actualidad.
Además, el proyecto regula, entre otras situaciones, la publicidad de las actuaciones judiciales y establece lo que los medios pueden o no difundir en la fase de investigación; establece la potestad del tribunal para acordar el cese de la difusión de las informaciones. Asimismo, el fiscal podrá requerir al encausado, testigos, peritos profesionales o a cualquier tercero para que se abstengan de revelar la información que se considere reservada.
El texto contempla también que la difusión pública de la información reservada podría incurrir en responsabilidades penales. En el fondo, parece subyacer un serio intento para coartar la libertad, olvidando que hacer periodismo supone, entre otras cosas, informar sobre lo que alguien no quiere que se informe.
Por todo ello, la asociación de la Prensa de La Coruña reitera que las libertades ciudadanas y la democracia no serían plenas si no existiese un agente en la sociedad, como es el periodista, que revele las verdades más escondidas, y rechaza todos y cada uno de los artículos referidos a las cuestiones periodísticas contenidos en dicho proyecto de ley.