La meritocracia

El valor de las personas no se mide por un golpe de suerte que les produzca riqueza o poder; tampoco por ser causahabientes de un benefactor o antecesor rico o poderoso. No es la óptima cosecha que se recoge de la siembra efectuada por otras personas la que premia nuestro esfuerzo y capacidad. En resumen, el mérito no se compra ni se hereda; se nos reconoce y va unido al comportamiento y esfuerzo personal que, en la práctica, se traduce en servir a los demás y a la mejora de sus condiciones de vida y progreso.
El mérito exige que nuestro comportamiento merezca el reconocimiento de los demás; la capacidad es la aptitud propia para desarrollar con acierto y eficacia una profesión o actividad.
En una palabra, la capacidad se tiene; el mérito hay que alcanzarlo o conseguirlo. En virtud de lo expuesto, una persona puede sentirse capaz de conseguir un determinado objetivo; pero el mérito de lograrlo depende del juicio y el reconocimiento ajenos.
Debe, pues, prevalecer en la sociedad la meritocracia sobre la mediocridad y, para ello, es necesario que no se malogre ningún talento por falta de oportunidades y de medios económicos y que se destierren el nepotismo, el amiguismo y la corrupción de los sistemas de acceso a los cargos y puestos de responsabilidad.
Son, precisamente, los criterios de mérito y capacidad los que exige la Constitución para el acceso a la función pública y para servir “con objetividad”, los intereses generales.
Confirmando el distinto alcance de los conceptos de mérito y capacidad, es habitual que, en los concursos y convocatorias para cubrir determinados cargos o puestos, se exijan títulos o méritos que deba reunir el candidato; pero para conseguir dichos puestos, tiene que poner a prueba su capacidad, pues a esta no la suple ningún otro título.
Además de lo anterior, debe subrayarse que, cuando varias personas con distinto nivel de capacidad o aptitud, concurren y obtienen un mismo fin, es evidente que el mayor mérito corresponde a los que necesitaron mayor esfuerzo y sacrificio para conseguirlo.
Los anteriores criterios y exigencias suelen ser orilladas por los políticos recurriendo a los cargos de libre designación y al nombramiento de asesores externos, en detrimento de los propios órganos y cuerpos del Estado integrados por funcionarios de carrera de probada y eficaz preparación.