• Sábado, 22 de Septiembre de 2018

A río revuelto

No cabe duda de que, con motivo del fracasado proceso secesionista catalán y de su declaración unilateral de independencia, se puso de manifiesto la fortaleza del Estado pero no, en cambio, aunque pudiera parecer lo contrario, la correlativa fuerza del Gobierno y de la cohesión que, sin fisuras ni titubeos, debieran prestarle la mayoría de los demás partidos con representación parlamentaria.
No todos los partidos están de acuerdo en la intensidad, amplitud y extensión con las que debe aplicarse el artículo 155 de la Constitución. Parece, como si de repente, les entrase a todos los políticos el vértigo en la aplicación de dicho artículo. En efecto, los contrarios a aplicarlo, se amparan ahora en los términos de dicho artículo para eludir las responsabilidades contraídas con sus actos y que hicieron obligatoria su aplicación y los defensores se obstinan en resolver, cuanto antes y lo más rápidamente posible, esa situación excepcional, con la esperanza de que, pasadas las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, se normalice la situación política en Cataluña.
Esa debilidad del Gobierno, derivada de su falta de mayoría política y los devaneos de sus potenciales socios, obedece, en gran medida, a las expectativas electorales que, tanto a unos como a otros, les mantienen en permanente incertidumbre y rivalidad. Este posible resultado electoral lastra su actividad y el sentido de Estado de los partidos y demuestra cómo, de la debilidad del Gobierno, se aprovechan los demás partidos.
Precisamente, la falta de apoyo parlamentario se puso de manifiesto en la negociación de los presupuestos del año 2017 que exigieron, para su aprobación “in extremis”, el apoyo de Ciudadanos, el PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias.
La anterior circunstancia pone de relieve que “a río revuelto, ganancia de pescadores” y que los propios partidos, que se mostraron reticentes a dar su apoyo a los presupuestos de 2017, se resistirán, ahora, a seguir el mismo camino del año anterior. Esto obliga al Gobierno a tratar de prorrogar los presupuestos del próximo año a la vista de las indecisiones y cambios de criterio y actitud que adopten los partidos que son necesarios para su aprobación.
Resulta claro que, así como “el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija”, también es cierto que “del árbol caído todos hacen leña”. Esta debilidad del Gobierno incita a los demás partidos a acosarle y obligarle a ceder, haciendo concesiones que hacen cada vez más difícil y onerosa, la aprobación de las Cuentas Públicas.
Esa presión, tan legítima como insolidaria, conduce a que los posibles ajustes presupuestarios que se hagan en beneficio de unos serán en perjuicio de otros, porque si no se aumenta la presión tributaria o no crece la recaudación impositiva, es evidente que lo que unos perciban de más será lo que otros perciban de menos. Esto nos demuestra la falta de solidaridad interterritorial y la dificultad de acordar una más razonable y justa financiación autonómica.