Un consejo en Barcelona

El Consejo de Ministros del Reino de España tiene previsto reunirse este próximo viernes en Barcelona, dentro de un plan itinerante anunciado por el presidente Sánchez de celebrar sesiones del máximo órgano colegiado del Gobierno fuera del Palacio de la Moncloa. Hace unas semanas fue Sevilla la ciudad que acogió la reunión del Consejo.

La idea de sacar el Consejo de Ministros Madrid y acercarlo a otras ciudades es en sí buena, salvo que, como en el caso que nos ocupa, choque con un conjunto de circunstancias que a lo mejor hubieran aconsejado adoptar una decisión más prudente. El independentismo catalán se ha tomado esta celebración del Consejo de Ministros en Barcelona como una provocación, y han anunciado que harán todo lo posible para boicotearlo. Entre ese posible están las movilizaciones callejeras, los cortes de tráfico en autopistas y vías urbanas, el colapso de los transportes públicos, es decir, todo lo que convierta ese día a Barcelona en una ciudad fantasma. 

Ante esta situación, se prevé que serán unos 9.500 miembros de los Cuerpos de Seguridad los que serán movilizados para evitar incidentes y que el Consejo de Ministros se llevé a cabo sin mayores problemas. Para tener un punto de comparación, en un partido Real Madrid-Barcelona que suele ser declarado de “alto riesgo”, los efectivos policiales que se movilizan suelen llegar a 1.500 agentes y en la reciente final de la Copa Libertadores celebrada en Madrid entre el River Plate y el Boca Juniors, esa cifra se elevó a 4.500. Con estos datos, ¿no es un despropósito empecinarse en llevar a cabo una reunión del Consejo de Ministros que exige tanta seguridad? 

Algunos podrán argumentar que el Consejo debe poder reunirse en cualquier lugar de España, y siendo eso cierto, habría que añadir que también conviene ponderar todas las circunstancias que aconsejen o no modificar un criterio general. Es evidente que la situación de crisis política e institucional en Cataluña lo llena todo e influye en todo. El resultado de las elecciones autonómicas en Andalucía no es ajeno a ello y todo parece indicar que en próximas citas electorales seguirá siendo así. El Gobierno sigue empecinado en tener continuos gestos de mano tendida a una Generalitat y a un presidente, Quim Torra, que no quieren ir por la vía del diálogo y del cumplimiento de la ley, sino por el de la ruptura con el marco jurídico y constitucional. Y así es imposible el entendimiento, porque el cumplimiento de la ley obliga a todos, también a los independentistas.