LA POKÉMON PARALELA

Algunas actuaciones judiciales han aportado en los últimos tiempos en este país sobrados ejemplos de precipitación en cuanto a la corrupción política se refiere. Bien es cierto que las decisiones de la Judicatura están orientadas a profundizar en la investigación y aportar, en todo caso, elementos que se pueden considerar de primera magnitud con el fin de resolver los ya numerosos casos con los que la clase política se ha visto salpicada. Ahí están, sin ir más lejos, los de Garzón o Silva, relacionados con los casos Gürtel o Caja Madrid. Pese a la distancia en el tiempo, se recuerda todavía el de Gómez de Liaño en la instrucción del de Sogecable. No extraña así pensar que, al margen del interés público, la Justicia en este país se vea sometida no solo a presiones derivadas de la propia voracidad que demandan las distintas instrucciones y el alcance de los hechos sujetos a investigación, pero tampoco que esa misma demanda de la sociedad, referida siempre a la necesidad de castigar a quien utilizando un cargo público trata de obtener un beneficio, tanto económico como social, constituye para jueces y magistrados un elemento de máxima injerencia en el natural procedimiento jurídico, de modo que tanto la acción mediática como la política acaban enturbiando, o contaminando, tanto a este como al conjunto de los ciudadanos. Tomando solo como referencia casos tan en boga como el de la Pokémon, no es menos cierto que no es solo la judicatura la que toma cartas en el asunto, sino que también la propia dimensión de lo abordado eleva a máximos nunca vistos los juicios paralelos que establece la propia sociedad.
Lo que suele suceder, y es inevitable, es que incluso quienes fueron en algún momento imputados no puedan ver despejada toda duda sobre su persona una vez que se asume tal marchamo como credencial de culpabilidad, que es con lo que se suele quedar, desgraciadamente, todo hijo de vecino. No ayuda precisamente a ello situaciones como el caso de las multas de Lugo, cuyo fallo exonerando a los imputados y acusados se debió precisamente a carencias en el procedimiento de instrucción y no a la esperada constatación de que, probados o no los hechos, aquel determinase la culpabilidad o la inocencia, que era lo esperado. Que el sistema judicial español está plagado de notables carencias y más necesidades de las que se podrían esperar es sobradamente conocido, al menos teniendo en cuenta las continuadas denuncias de colectivos como el de los jueces, abogados, fiscales o procuradores. No digamos ya si se trata de imputados que al final no lo son o de inculpados que previamente han pasado por el tamiz de la opinión pública. En la práctica, lo que esta saca con demasiada frecuencia en conclusión es que ni la Justicia es igual para todos ni todos pueden disponer de la misma justicia; lo que no significa lo mismo. En cualquier caso, lo esencial es que la esta corra pareja a las evidencias y no a las suposiciones.

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