LAS CUENTAS DE LOS PARTIDOS

La decisión adoptada por la jueza Pilar de Lara, instructora del caso Pokémon, de solicitar las cuentas de formaciones políticas como el PSdeG y BNG, al margen del PP, se corresponde con la determinación de despejar una de las grandes referencias de la política de este país desde la llegada de la democracia. A nadie se le escapa la constatación, por ejemplo, de que es imposible financiar las grandes campañas electorales de los principales partidos del ruedo político bajo un gasto controlado y, sobre todo, ante unos ingresos, los provenientes de la afiliación, cuyo mayor porcentaje está obligadamente destinado a mantener el aparato organizativo y administrativo del partido en cuestión. Otro gallo canta en cualquier caso para las formaciones con menor representación y, consecuentemente, con fondos mucho más restringidos en cuanto a las aportaciones voluntarias, aunque también con reducidas necesidades en la indispensable pompa interna. Las limitaciones impuestas por ley en materia de aportaciones a los partidos, más que restringir y controlar estas, parecen haber forzado aun más la indispensable maquinaria que rodea a todo proceso electoral, cuya columna principal sigue siendo la disponibilidad económica y, en consecuencia, la necesidad de recaudar fondos mediante donaciones supuestamente desinteresadas y siempre sujetas a limitación y al imperativo legal de que no procedan de entidades o empresas que guarden relación alguna con contratos con la administración.
La norma, evidentemente, es válida en cuanto fiscaliza tanto la actividad de los receptores como de quienes aportan, pero sus restricciones, más que abonar el terreno para el estricto cumplimiento de la ley, parecen haber sembrado el ya de por sí generoso campo de las donaciones opacas. Véase sino el caso Bárcenas, por el momento –por documentación recabada y hecha pública– el que más ilustra los métodos de financiación política tan al uso en este país. Ni qué decir del caso Filesa, aquel del PSOE de Felipe González.  Que nadie se altere pues, porque las aportaciones económicas, opacas o traslúcidas, son el pan de cada día en un país con escasa dieta de transparencia y en donde lo que prima a la hora de comer no es tanto el que alguien pueda o no hacerlo sino el hecho de que quien lo haga no deje a los demás en ayunas. ¿No es esto algo parecido a lo que decía el principal imputado de Vendex; que todos lo hacían, o que si no participabas de ese juego era tanto como no estar en la cancha? El propio sistema, al menos el existente, impone sus reglas y difícil resulta acatarlas si partimos del principio de que no todos lo harán o están dispuestos a ello. Sea cual sea la acción –el lucro personal o la búsqueda de fondos con los que mantenerse o buscar el poder– la responsabilidad pervive, pero es evidente que resulta más difícil soslayarla cuando es el propio aparato interno la que la propicia.  Algo que genera tal grado de desconfianza en la sociedad que la simple imputación conlleva ya el dictamen de la culpabilidad, como bien se sabe. Lo difícil es rehacerse, o que se despeje toda duda, cuando se queda libre de la sospecha y se demuestra la total inocencia.