Todo suma

no le digo nada nuevo si le comento que las distancias que separan a los trabajadores del sector público de los empleados del privado son enormes. No quiero decir que las condiciones laborales del público siempre sean mejores que las del privado. Está claro que, a veces, un profesional en el sector privado puede ganar más que en la administración. Pero de manera mayoritaria las condiciones laborales de seguridad, de horas extras, de vacaciones, de bajas por maternidad o paternidad, de flexibilidad para conciliar vida laboral y profesional son mucho mejores en el sector público que en el privado. La administración tiene la obligación de ir por delante en materia de mejoras laborales. En su filosofía de base no tiene como misión conseguir beneficios económicos sino administrar y distribuir la riqueza de manera proporcionada entre los ciudadanos.
De esta idea se deduce que la administración pública debe dar el ejemplo. Así ha sido en materia de igualdad y paridad entre sexos. Todas las medidas que se han tomado en las últimas décadas han sido, primero, implantadas en el sector público y luego algunas se han implementado en el privado, de forma bastante desigual. La Xunta acaba de aprobar el Plan de Concialiación y Corresponsabilidad que abarca desde este año hasta 2021. Está articulado en 100 medidas destinadas a promover, concienciar y facilitar le equidad entre sexos. Es un paso importante. En primer lugar porque se aborda un asunto que está marcando nuestra sociedad desarrollada de manera transversal. En algún caso hemos escuchado comentarios como el “no nos metamos en eso” que suponen una falta de compromiso al tiempo que una torpeza política de magnitud.
En segundo lugar porque se centra en el origen de las desigualdades y en un cierto retroceso en materia de equidad, que no es otro que la educación que reciben los niños. Es indispensable trabajar desde temprano para derribar prejuicios, estereotipos y ofrecer modelos, referentes que pongan en igualdad de condiciones al hombre y la mujer. En tercer lugar propone medidas concretas para una de las barreras en materia de equidad: la conciliación. El Plan propone un aumento de 5 a 7 semanas para la baja por paternidad e intentar equiparar las de ambos progenitores para los funcionarios. Además se incluye la implantación de un permiso adicional de 4 semanas en caso de parto para los funcionarios, tiempo durante el cual se percibirá un 75 % de su salario.
Por último un guiño al sector empresarial: se premiará a las empresas que demuestren que implantan medidas conciliadoras. Una forma de incentivar a los empresarios a tener presente la corresponsabilidad en sus horarios de trabajo. ¿Solucionamos con esto el problema? Desde luego que no. Sobre todo porque estas medidas concretas se aplican a los funcionarios públicos, mientras en el privado seguimos asistiendo a horarios imposibles, discriminaciones salariales y contrataciones desiguales. Pero es un paso que junto a otros, como las recientes sentencias en materia de brecha salarial, van configurando un espíritu sensible a la equidad. Todo suma.

Todo suma

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