INSÓLITA UNANIMIDAD

Visto el resultado de los comicios europeos, una cosa queda clara y es que cada vez hay más jugadores en este tablero que es la política nacional. Nos movemos en un escenario cada día más complejo, diverso y polarizado. Cada partido tiene su receta para intentar resolver los problemas que nos aquejan y alcanzar acuerdos sobre algo parece casi una quimera.
Y, sin embargo, es lo que ha sucedido en el Parlamento de la Comunidad de Madrid hace escasos días. El grupo de IU presentó una proposición no de ley en la Cámara autonómica por la que se obliga a las empresas que contraten con la Administración a cumplir con la Ley Orgánica 3/2007, la conocida ley para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.
Lo insólito no es la propuesta en sí, que también, sino que el resto de los partidos representados en el Parlamento regional (PP, PSOE y UPyD) votasen a favor. Con una enmienda del PP la propuesta de IU fue aprobada por unanimidad. Cabe, por tanto, saludar el acuerdo. Aunque es necesario recalcar que si no se consigue unanimidad en materia de igualdad de género, apaga y vámonos. Esto demostraría una ceguera absoluta de nuestros políticos ante lo que parece una necesidad clamorosa de la sociedad del siglo XXI.
Las empresas que deseen contratos con la administración deberán, por lo tanto, cumplir con la paridad. De lo contrario no serán admitidas como proveedores de servicios de la Administración madrileña. Esto supone incluir en la redacción de los propios pliegos de cláusulas administrativas de los contratos públicos una serie de puntos relativos a la igualdad entre sexos.
La propuesta es positiva, porque es un paso más para aumentar el nivel de presión a las empresas para el cumplimiento de las estipulaciones de la ley. Hasta el momento nos hemos movido en un escenario marcado por las buenas voluntades y sugerencias, pero hasta ahora ninguna administración había dado un paso más para pasar de la recomendación a la imposición.
Está por ver, sin embargo, cuáles serán esos puntos de obligado cumplimiento para las compañías y, sobre todo, cómo se implementará la obligatoriedad. Lo más complicado parece, a primera vista, controlar y verificar que las empresas estén al día en términos de paridad. De no llevarse a cabo este control la propuesta no dejaría de ser un gesto –positivo, sin duda–, pero que se quedaría, una vez más, en un brindis al sol.
(*) Carla Reyes Uschinsky es presidenta de
 Executivas de Galicia