SIN UNA SALIDA LEGAL

No deja de ser curioso que el Gobierno catalán invoque la libertad de expresión para mantener la convocatoria de su pseudoconsulta independentista para el próximo domingo. Al fin y al cabo, es el mismo Ejecutivo que destacó por su persecución contra aquellos establecimientos que rotulaban sus negocios en castellano o contra los bares y restaurantes que incluían la lengua de Cervantes en sus cartas. Para aquellos la libertad de expresión, a la que ahora recurren, no valía.
Sin embargo, y más allá de la defensa de derechos fundamentales, lo que parece que no les ha quedado muy claro a los gobernantes catalanes es que, en un Estado de Derecho, la ley está para ser cumplida. Ese principio fundamental es el que se saltan con sus referéndum. Mas se equivocó al convocar la consulta y ahora, acorralado, sin apoyo para renovar su mayoría y sin credibilidad ante sus socios, no tiene más remedio que incurrir en una ilegalidad. La paradoja es que Rajoy, desde el Gobierno central, no puede amparar una salida más o menos airosa para el president porque no la hay sin saltarse la ley.
Al final, es de suponer que habrá urnitas, protestas, reproches y acusaciones para que todo siga igual. Una estupidez que costará millones y no servirá para nada.