ROMPER EL BLOQUEO

Una de las derivaciones más perniciosas de la ley electoral vigente es la capacidad de bloqueo institucional que, sin haberlo pretendido expresamente, contiene. Se trata, en efecto, de un régimen electoral que a la hora de traducir votos en escaños prima la configuración de dos grandes partidos y dificulta, por tanto, la presencia de una tercera organización con capacidad de ser decisiva, de constituirse en bisagra en la formación de gobierno y de mayorías parlamentarias estables, así como en decisiones varias de relieve.

Lo recuerda el profesor Blanco Valdés en su libro “Los rostros del federalismo”: desde las primeras elecciones generales de 1977 hasta las últimas de hace cinco meses sólo en dos ocasiones los partidos no nacionalistas han bajado del 90% de los escaños; han estado en tal porcentaje en cinco ocasiones y lo han superado en otras cuatro.

Es decir, que a la hora de la verdad nuestro sistema de partidos ha acabado por ser casi bipartidista. Y en consecuencia, basta que una de las dos grandes formaciones se plante o se resista a negociar para que sean imposibles las mayorías reforzadas exigidas para la renovación de altas instituciones del Estado y de entes públicos varios.

Es lo que ha estado sucediendo con el Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y presidencia de RTVE. No se sabe bien por qué, pero allá por comienzos de febrero el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de la oposición, Pérez Rubalcaba, se dieron hasta el fin del periodo de sesiones en junio para consensuar el paquete de renovaciones.

Largo se lo fiaron. Gobierno y Partido Popular, sin embargo, han venido quejándose de que el Partido Socialista estuviera bloqueando el proceso o, al menos, de que no pusiera en ello la diligencia debida. Me imagino que el PSOE se estaría diciendo que, con plazo hasta junio, para qué iba a correr más de la cuenta, cuando en virtud de la situación parlamentaria anterior seguía controlando las instituciones citadas. Me imagino que se plantearía especialmente por qué y para qué iba a entregar las llaves de RTVE si lo que realmente no estaba vacante y controlaba eran las jefaturas de los servicios informativos.

Por fin, el Gobierno ha desbloqueado la situación en lo que a los medios públicos estatales se refiere, restituyendo la mayoría absoluta precisa para la designación del presidente de la corporación en el caso de que fuera sea posible hacerlo por la mayoría de los dos tercios. Nunca es tarde. No sé si al final unos y otros se habrán dado cuenta de que los medios públicos son unas empresas, unas sociedades mercantiles que no pueden regirse por los idílicos procedimientos del consenso político.