Pactos electorales

Gobiernos bipartitos, tripartitos y así sucesivamente, en resumen, multipartitos ¿Es esto lo que deben esperar los ciudadanos a partir de mañana? ¿Gobiernos partidos? La respuesta es evidente, no. La constitución de gobiernos compuestos por más de un grupo político no debe reflejar divisiones materiales. No se trata de partir y repartir el gobierno de los ayuntamientos como si fuera un pastel, sino de buscar puntos de encuentro para el desarrollo de una serie de políticas públicas que den respuesta a la voz salida de las urnas el pasado 24 de mayo.
La fragmentación del voto ciudadano tendrá, sin duda, su reflejo en la composición de las nuevas corporaciones y en el desarrollo de la gestión pública local para el período 2015-2019. El primer hito del mandato será la consecución de las mayorías suficientes para la proclamación de alcalde, los resultados andaluces suponen un espejo en el que contemplarse para comprobar la difícil tarea de acudir a pactos postelectorales. El segundo, situar a los, en ocasiones, extraños compañeros de viaje resultado de estas dinámicas bajo un único paraguas, el de la gestión de los intereses de los vecinos y la definición de unos objetivos comunes.
La negociación para alcanzar pactos y acuerdos de gobierno ha de identificar las principales demandas de los ciudadanos y sumar fuerzas para dar respuesta a ello; no se trata (solo) de pactar dedicaciones, concejalías o despachos, temas organizativos de carácter necesario, pero accesorio en los pactos. Deberán abordar la situación que se encuentran y afrontar los retos que se presentan para el mandato, tal y como expongo en mi “Manual práctico para la constitución y gestión de las corporaciones locales”.
Pero aun constituidos los gobiernos, ardua labor será también mantener la estabilidad, pues ya de por sí la política local constituye una actividad difícil. El gobierno entre varias fuerzas de distinto signo requerirá de una dosis extra de sinergias y voluntad de consensuar para evitar que, ante las tensiones, se produzcan abandonos, rupturas o incluso situaciones de extrema ingobernabilidad. A ninguna de esas patologías y necesidades deben permanecer ajenos en los ayuntamientos en los que no se produzcan cambios, pues pueden verse ante idéntico escenario.
Debemos confiar en la responsabilidad de los representantes públicos que están llamados a orientar su gestión a la satisfacción del interés general. Frente al reto que representa la situación de crisis económica y el esfuerzo que supone para las entidades locales el mantenimiento de los servicios públicos, se demanda una mayor dedicación a los fines sociales, para los cuales no reciben fondos, sin perjuicio de los innumerables retos que tienen ante sí, entre ellos.
Un nuevo mandato es una hoja en blanco por escribir. Una oportunidad para los ayuntamientos de hacer mejor lo que ya hacían bien, de dejar de hacer lo que no hacían bien y comenzar a hacer lo que no hacían y deben hacer. Es el momento de dar voz a la ciudadanía y hacer realidad los postulados del gobierno abierto, facilitando la rendición de cuentas más allá de los períodos electorales que obligan a salir de los despachos a los aspirantes a liderar los gobiernos.