LO PRIVADO Y LO PÚBLICO

Cuando las circunstancias económicas forzaron la intervención de Grecia, y con ella comenzaron a desplazarse al país inspectores de la UE, empezaron a salir a la luz rocambolescas historias que narraban como los helenos se las ingeniaban para engañar al Estado para cobrar pensiones y vivir sin dar un palo al agua.

Así, había casi un millón de jubilados fallecidos cuyas familias percibían, puntalmente cada mes, su correspondiente pensión. También, en una apartada isla, hasta conductores de taxi que cobraban subsidio por una imaginaria ceguera y hasta 820 jardineros para 30 metros cuadrados de parque. Cuando esto se supo se comenzaron a comprender los motivos que hicieron necesaria la intervención de su economía.

Lo curioso es que aquellos que se morían en aspavientos ante el escándalo recién descubierto en la cuna de la civilización occidental, ni se inmutan ante el hecho de que los funcionarios españoles, por ejemplo, puedan elegir entre sanidad pública o privada. Una paradoja difícil de explicar si se tiene en cuenta que al empleado público sí se le permite optar y a los demás trabajadores no.

De igual modo, nadie se sorprende de que los hijos ya jubilados de un militar fallecido puedan seguir recibiendo fármacos elaborados por el ejército sin tener que aportar un duro o que organismos públicos paguen un regalo de reyes a los hijos de sus empleados.

La lista de extraños beneficios es tan larga y está tan arraigada que nadie se extraña de que el hijo de un trabajador del Ministerio de Educación no pague la Universidad o que el Ayuntamiento de A Coruña abone un seguro médico privado a sus trabajadores.

Esto último se dejará de hacer y supondrá un ahorro de 800.000 euros al año. Si en España hay 8.116 municipios, da hasta miedo pensar cuánto dinero se estará llevando la sanidad privada y perdiendo la pública.