EL TIMO DE LAS PREFERENTES

Todo lo que rodea a las participaciones preferentes de las cajas tiene tufo a timo, de la estampita o del tocomocho, pero, al fin y al cabo, timo. De un lado, están unos afectados-perjudicados que si metieron su dinero en un producto bancario con un nombre tan pomposo fue, en el fondo, porque les estaban garantizando una rentabilidad del seis, del siete y hasta del ocho por ciento, dependiendo de las necesidades de liquidez que tuviera la entidad emisora.

¿Si hay pena de cárcel para quien coloca recortes de periódico en lugar de billetes, no la tendría que haber también para quien se aprovechó de tanto pequeño inversor?

En el otro extremo se encuentran las cajas. Cuando el Banco Central Europeo les había cerrado el grifo del crédito y las demás entidades no les fiaban ni un duro, se sacaron de la manga las mencionadas preferentes. Y, así, consiguieron liquidez a un costo similar al que tendrían que pagar si pidieran el dinero en el interbancario, pero sin salir de casa. Cientos y miles de millones que sirvieron, una vez más, para maquillar sus esperpénticos balances, esos que, por cierto, contaban con el aval de prestigiosas firmas auditoras, pero eso es otro cantar.

El problema radica en que, por el medio, quienes creían que iban a conseguir una alta rentabilidad por su dinero firmaron unos documentos y en ellos se decía de forma explícita que si el banco no obtenía beneficios no habría pago de intereses. Y ese es el nudo gordiano de este conflicto: legalmente, en las circunstancias actuales, nadie tendría que recibir ni un euro.

Desde luego esto es simplificar el contencioso hasta casi el ridículo. Por el medio están quienes no firmaron ni un solo papel y aparecen como felices poseedores de esas malditas preferentes. Incluso habría que aclarar que, por su complejidad, se trata de un producto financiero no destinado al público que, al final, terminó cayendo en la trampa trazada desde esos ostentosos despachos que ocupaban esos consejeros de jubilación millonaria y para quienes no existe el corralito que padecen quienes confiaron en ellos.

Y, a estas alturas, la pregunta es simple. ¿Si hay pena de cárcel para quien coloca recortes de periódico en lugar de billetes, no la tendría que haber también para quien se aprovechó de tanto pequeño inversor? La Justicia, que suele ser muchas cosas, pero las menos de las veces justa, parece que por el momento se inclina por considerar a los afectados como víctimas de su propia avaricia y no soplan vientos de cárcel para los ingenieros financieros de la que ya parece la mayor “supuesta estafa” (hay que guardar las formas por aquello de las querellas) de la historia reciente del país.