sábado 24/10/20

El fiscal defensor

Acostumbramos como estamos a ver en el fiscal el brazo acusador de la administración de Justicia, muchos no terminan de encajar verlo al lado del inculpado como si de un defensor del mismo se tratara.

Acostumbramos como estamos a ver en el fiscal el brazo acusador de la administración de Justicia, muchos no terminan de encajar verlo al lado del inculpado como si de un defensor del mismo se tratara. Pero cierto es que, de acuerdo con el estatuto de la profesión, una de sus funciones consiste en velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes.
Por tanto, tanto acusando como recurriendo una decisión del juez que entiende no ajustada a Derecho, el fiscal está defendiendo la legalidad y cumpliendo con su cometido. En el día a día de nuestros juzgados, juez y fiscal suelen ir muy de la mano, por lo que no es habitual verlos enredados en discrepancias de fondo.
No obstante, casos como la imputación de la infanta Cristina, el encarcelamiento del ex de Caja Madrid Miguel Blesa, la oposición de la Fiscalía Anticorrupción a que el expresidente Aznar declare como testigo en el caso Bárcenas, o el hecho de que ésta no vea delito en la venta de preferentes por parte de diversas entidades bancarias, han puesto a correr por esos activos y casi dogmáticos mentideros que son las redes sociales la imagen de unas fiscalías al servicio de los poderosos en asuntos de gran trascendencia nacional y de indudable impacto social.
La unidad de actuación y dependencia jerárquica del Ministerio Fiscal y el hecho –también por mandato constitucional– de que el fiscal general del Estado sea nombrado a propuesta del Gobierno, hacen ver inevitablemente la larga mano del Ejecutivo detrás de estos y otros asuntos sensibles, en un intento no tanto de excitar el celo de la Justicia, cuanto de dilatarla o dificultarla.
Muchos se preguntan si los fiscales tendrían la misma actuación si la infanta no fuese la infanta, si Blesa no fuese Blesa, si Aznar no fuese Aznar y si el contencioso de las preferentes no pusiese en cuestión al sistema financiero en su conjunto. Sin embargo, y según los órganos judiciales que van diciendo la por ahora última palabra, están siendo los fiscales quienes han tenido la razón en estas sus poco comprendidas actuaciones. Y a ello hay que atenerse.
Si el Gobierno asume, como parece, la propuesta que para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal le ha hecho la comisión de expertos de turno, al Ministerio fiscal se le va a encomendar la dirección de la investigación penal que hasta ahora venía llevando el juez de Instrucción. No sería, pues, mal momento para proceder a separar lo más posible Fiscalía y Gobierno. Dentro, claro, de lo que permitiera la Constitución

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