EL CLAN DE LOS MONTECRISTO Y EL SISTEMA POLÍTICO

La Ley española garantiza que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contario. Así, lo normal es que cada vez que la Policía pilla a un chorizo con las manos en la masa, a la hora de dar cuenta del suceso, los medios de comunicación recurran al “presunto”. De este modo se salvaguarda “presuntamente” el honor del aludido, al dejar margen al error hasta que una sentencia mande sus huesos a la cárcel.
Y, en estos momentos, tenemos un extesorero del PP que es un presunto chorizo y que presuntamente se hizo de oro mientras repartía presuntos sobresueldos en cajas de puros Montecristo entre los miembros del Gobierno de Aznar. Y entre los beneficiados de ese peculiar plan de pensiones estaría, presuntamente, Rajoy, que niega la mayor y calla las más de las veces. El problema es que lo de presunto es una autovía de doble vía y desde el momento en el que uno es presunto inocente, también es, al menos en parte, presunto culpable. Y, si aceptamos este axioma, tenemos que el actual inquilino de La Moncloa es un presunto chorizo a quien, por cierto, le encantan los Montecristo, pero los de verdad.
Es cierto que las últimas actuaciones de Bárcenas, esa voladura controlada que tiene prevista para el PP y, con él, para el Gobierno del país, puede ser fruto de la venganza. La respuesta de un hombre que al verse encarcelado y abandonado a su suerte por los que creía los suyos está dispuesto a no dejar títere con cabeza y, a buen seguro, si es capaz de demostrar que todos y cada uno de los que figuran en esas hojitas manuscritas cobraron lo que en ellas pone, el PP, en particular, y los políticos, en general, tardarán mucho tiempo en volver a ser lo que un día fueron.
Porque más allá de que sea cierto o no, el problema es que hasta el último de los españolitos cree a pie juntillas la versión de Bárcenas y está convencido de que esos señores que cada cuatro años les pedían el voto se pagaban sus selectos gustos no con sus sueldos regulares, sino con todo ese dinero que les llegaba por la puerta de atrás.
Por eso habría que cambiar la Ley, puesto que, a estas alturas, la mayoría de los ciudadanos considera que todos los que tienen un cargo público son unos ladrones hasta que se demuestre lo contrario y, evidentemente, eso es muy difícil de demostrar.
No se debe generalizar y caraduras y aprovechados los hay en todos los oficios, pero resulta complicado encontrar alguna justificación para la concentración que se está produciendo en los ayuntamientos, parlamentos y demás cámaras. O se hace una limpieza rápida y a fondo o el sistema saltará por los aires.