De jueces, fiscales, abogados y Gallardón

Diferentes asociaciones de jueces y fiscales han convocado una huelga para el próximo 20 de febrero en protesta por las reformas emprendidas por el ministro de Justicia. Modificaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tasas judiciales, privatización de la justicia, supresión de sustitutos, escasez de medios y personal, son las fundamentales razones que les impulsan.

Destacan que el anteproyecto de reforma del CGPJ afecta aún más a la independencia del Poder Judicial. Gallardón dice que la elección de sus vocales por las Cámaras lo despolitizará. Absurdo. ¿Principales consecuencias de tales reformas: Primera, dominio político absoluto del CGPJ; segunda, cargar a jueces y fiscales con un trabajo inasumible, creando espacios de impunidad en beneficio de los implicados en casos de corrupción.

En el último Barómetro de Opinión del Consejo General de la Abogacía Española, uno de los asuntos más preocupantes es la Ley de Tasas. Un 94% opinó a favor de ejercitar acciones judiciales; el 96% que el ministro debería haber buscado el consenso de las partes implicadas antes de aprobarla urgentemente; el 75% que improvisó, obviando las consecuencias negativas y otras alternativas; nueve de cada diez, que la mayoría de los españoles renunciarán a defender sus derechos por motivos económicos; y un 86% que dará lugar a una justicia dual: de ricos y desfavorecidos, y del resto de la sociedad. El 74% definió como malo o muy malo el funcionamiento de la Justicia; y un 77% atribuyó las causas a su deficiente organización y falta de medios. Sobre como la crisis afecta al ejercicio de la profesión, la respuesta es demoledora: uno de cada tres letrados atraviesa dificultades para salir adelante.

Desde luego, la economía se ha instalado en la justicia, pero no a través de mecanismos inversores, como sería deseable y necesario, sino para convertirla en una perversa máquina recaudadora y de empobrecimiento social. El objetivo, contrario a los derechos constitucionales de quienes en ella participan, es bifronte: recaudar y, de paso, sin gastar, eliminar el problemático colapso judicial por la vía de los hechos consumados. El ciudadano, al que se aleja de los tribunales, pagará la cuenta. ¡Bravo!, señor Gallardón.