Conversaciones secretas

No sé a quién o quiénes interesan más esas reuniones secretas –o “discretas”– de alto nivel en Moncloa que últimamente se suceden: si a los presidentes autonómicos, que con el sigilo  establecido se evitan tener que dar cuentas previas a sus respectivos socios de gobierno, o al propio presidente Mariano Rajoy, que de esta forma elude suspicacias dentro de sus propias filas.  
Me quedo con lo primero. Pero como luego, al final, no hay información ni por una parte ni por otra, el apagón informativo es total.  Entre eso, las ruedas de prensa sin preguntas y las comparecencias plasmatizadas  (vía pantalla televisiva),  no resulta aventurado concluir que la actividad periodística no está atravesando su mejor momento. Y no sólo por culpa del PP, todo hay que decirlo.
Primero fue el presidente catalán, Artur Mas, el que pasó de incógnito por Madrid.  Días más tarde, le tocó el turno a su colega vasco, Iñigo Urkullu.  Ambos llevaban su carpeta repleta de problemas económicos. El primero porque no tiene un duro para nada  y ya lidera el déficit autonómico (tanto en términos absolutos como en porcentaje sobre el PIB). Y el segundo porque presupuestariamente depende, entre otras cosas, de  los dineros que le pasa el Gobierno central al amparo del concierto económico vigente.
Uno y otro portaban  también una pequeña carpeta política soberanista. No podía faltar. Pero sin mayores urgencias. El primero porque empieza a dar marcha atrás de esa consulta que sí o sí se iba a celebrar. Y el segundo porque se ha sacado de la manga una segunda edición del plan Ibarretxe, aunque no parece no urgirle.  
En medio de todo ello está el tira y afloja sobre la deuda y el déficit a la carta, pretensión de la que sorprendentemente se ha convertido en apóstol el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo.
La verdad es que si la Unión Europea termina por flexibilizar los objetivos de déficit  para España, parece justo e inevitable que el Gobierno lo haga extensivo a las comunidades autónomas.
Y que lo haga en la medida de las necesidades de cada una, porque no todas parten o han partido de la misma situación ni han tenido la misma responsabilidad en los agujeros económicos generados.  El problema es que si así llegara a ser las comunidades “cumplidoras” podrían considerarse agraviadas.  
Por eso, si en muy pocas ocasiones está justificada la opacidad informativa, mucho menos lo está cuando pudiera estarse negociando bajo la mesa un trato preferencial y distinto para comunidades que siempre han resultado privilegiadas. Por eso también son muchos los que creen tener derecho a saber de qué hablaron Mas y Urkullu con el presidente del Gobierno.