¡Al rico pluriempleado!

Bueno, en esta España de nuestros pecados ya nada nos causa asombro. Ahora nos enteramos de buena tinta de que el 88% de los diputados está pluriempleado. Ante semejante escándalo, la Cámara debatirá una iniciativa para exigir dedicación exclusiva.

También el texto a considerar pretende prohibir la participación de los diputados en más de un 10% en empresas familiares. La Comisión del Estatuto del Diputado ha autorizado 76 compatibilidades en esta Legislatura y 71 diputados son además alcaldes o ediles y están obligados a elegir por Ley uno de los dos sueldos. Evidentemente, hay que llevar a cabo una auténtica “limpieza” en el Parlamento español, habida cuenta de que 5.693.100 personas están en el paro. Una cifra inédita en la economía española.

La política española es una profesión en la que la crisis aún no ha hecho estragos. Apenas hay parlamentarios en nómina del sector privado, pero muchos compatibilizan su actividad política con bufetes de abogados u otro tipo de empresas de las que, en algunos casos, son titulares.

Y de nuevo surge el eterno debate: ¿debe el diputado dedicarse en exclusiva al Congreso? La Ley así lo exige, pero la realidad es otra. A la sazón, sólo el 12% de los miembros de la Cámara Baja no desempeña actividad privada. Y el propósito de la iniciativa es que el mandato se ejerza en régimen de dedicación exclusiva y que sea incompatible con el desempeño de “cualquier otro puesto, cargo o actividad pública o privada retribuida mediante sueldo, arancel o cualquier otra forma”.

Se aspira a que nuestra regulación sea homologable a la de Alemania, Países Escandinavos, o EEUU, además de con la propia UE, donde se puso en marcha la Iniciativa Europea de Transparencia (ITE).

La prohibición alcanzaría además a la mera administración del patrimonio personal o familiar, cuando se tengan participaciones superiores al 10% o contratos de cualquier naturaleza con el sector público o sean subcontratistas o reciban subvenciones de cualquier tipo, con entidades que pertenezcan a sectores regulados total o parcialmente por el Estado. Como siempre vamos al rabo de Europa