El linchamiento digital promovido por Irene Montero

Irene Montero, autoproclamada defensora del derecho a la vivienda, ha confundido el apoyo al débil con el linchamiento del supuesto tirano. Linchamiento digital, que estamos en el siglo XXI, pero no por ello menos efectivo (en muchos aspectos) que el que se hacía en la plaza del pueblo. Ha señalado con nombre y primer apellido a la propietaria de un piso que habría subido un treinta por ciento el alquiler a sus inquilinos para que los francotiradores de las redes sociales hagan el resto. Y lo han hecho, pero con la persona equivocada.
La portavoz de Podemos lanzó al aire su señalamiento público y los rastreadores, ansiosos por cobrar la pieza y ofrecérsela, no tardaron en buscar en Google, enterarse de que la malvada especuladora era también propietaria de una casa rural y comenzar el ataque. Puntuaciones negativas de su establecimiento –del que medio minuto antes ni siquiera conocían la existencia– y todo tipo de descalificativos a través de las redes cayeron en tromba sobre ella. Estalla entonces la batalla mediática –una más– entre los alineados con el liberalismo y los de corte izquierdista y en plena vorágine se hacen públicas la dirección del negocio y el teléfono móvil de la supuesta arrendadora cruel. Es entonces cuando se descubre que la mujer no tiene nada que ver con el alquiler de la discordia, solo tiene la mala fortuna de compartir nombre y primer apellido con el objetivo de las iras de Montero y sus seguidores. Vive de su negocio rural y es la víctima de una imprudencia imperdonable por parte de la que aspira a tener cargo en el Gobierno.
La política está, cada vez más, en manos de insensatos que promueven juicios paralelos, ponen dianas sobre ciudadanos anónimos, actúan como matones y han perdido tanto el sentido de responsabilidad que debería acompañar su cargo que creen que lo están haciendo bien. Será por eso por lo que Montero no ha pedido disculpas.