La decisión del Tribunal Supremo

España está a la espera de la que pasa por ser la sentencia más importante de su última etapa democrática. El Tribunal Supremo tendrá que determinar si, finalmente, los políticos detenidos tras el intento de golpe de Estado institucional cometido en Cataluña deben pagar su delito con penas de prisión. La fecha de la publicación de esta sentencia se ha ido retrasando paulatinamente y ahora, todo parece indicar, que la fecha para hacerla pública podría ser el próximo lunes, día 14. También, en un proceso que hasta el momento ha destacado por su hermetismo y la falta de filtraciones, parece que los magistrados han descartado ya la condena por un delito de rebelión consumada (el más grave de los contemplados, y que supondría penas de entre 15 y 25 años de prisión.). 

Aún así, se da por hecho que la decisión del Alto Tribunal supondrá condenas que llevarán aparejado el ingreso en la cárcel de los políticos detenidos. Es de suponer que, si esto es así, el secesionismo saldrá a la calle para intentar demostrar su rechazo a la pena, lo que supondrá una nueva prueba para la democracia española. Está claro que las instituciones catalanas tomarán partido (como han hecho hasta el momento en todas las ocasiones) por los golpistas, por mucho que el Constitucional ya haya advertido a los responsables políticos catalanes de que, con su comportamiento, pueden incurrir en delitos.

Lo más llamativo de esta situación es que desde las tribunas políticas se pretenda coaccionar al poder legislativo, como si en este país no existiera la separación de poderes y lo más triste es que haya ciudadanos que defiendan lo que no deja de ser una manifiesta irresponsabilidad.