A golpe de decreto

Que el Congreso rechace el decreto ley sobre alquileres, con la suma de Podemos y ERC a los votos de la derecha, es otra prueba de que Sánchez vive de la mendicidad parlamentaria. Ochenta y cuatro diputados solo dan para vivir al día. O sea, a golpe de decreto.
En ese sentido, no puede decirse que le vaya mal. Dicho sea porque, a pesar de escenificarse como un grave contratiempo el “no” de Podemos al mencionado decreto-ley (21/2018), en la misma sesión el Gobierno sacó adelante otros siete. Como minuto y resultado del diario braceo de Sánchez para seguir en el poder, nadie podrá hablar seriamente de revolcón.
Otra cosa es que Podemos, socio preferente, haya sido decisivo en los números del rechazo a la regulación de los alquileres (precios, duración del contrato, fianzas etcétera). Eso sí debilita el ya débil músculo parlamentario forjado hace siete meses en la moción de censura a Mariano Rajoy. Y además tiene un componente ideológico, pues pone en cuestión el supuesto compromiso del Gobierno socialista con las capas más desprotegidas en relación con una buena causa: el derecho a vivir dignamente bajo techo.
En ese terreno, tanto Podemos como ERC, que profesan en la izquierda política, entienden que la iniciativa del Gobierno se queda corta como herramienta para frenar el drama del centenar de familias desahuciadas cada día en nuestro país por no poder pagar el alquiler. Y en el caso de Podemos sus dirigentes alegan con razón que hay incumplimiento de lo pactado con el PSOE sobre la necesidad de limitar las rentas por alquiler.
El rechazo del decreto ley, que por razones de urgencia estaba vivo desde el 18 de diciembre (pendiente de la convalidación que no se ha producido), supone recuperar la vigencia de la ley fletada por mayoría absoluta del PP en 2013, más favorable al propietario que al inquilino, e iniciar la tramitación como proyecto de ley del decreto no convalidado.
Pero eso es un brindis al sol porque la mayoría de PP y Ciudadanos en la mesa de la Cámara eternizará el trámite, como ha hecho con otras iniciativas del Gobierno de Sánchez. Lo cual nos remite de nuevo a las dificultades de gobernar con 84 diputados sólidos y 96 líquidos, a la consabida fractura del independentismo catalán (votos del PDeCAT a favor y votos de ERC en contra del decreto) y las dificultades de avanzar en temas de verdadera repercusión sobre la vida diaria de los ciudadanos. En este caso, la pendiente reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, a fin de dotar de más competencias a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que son los que realmente conocen de cerca un problema que afecta a los seis millones de españoles que viven de alquiler.