En democracia no hay ideas prohibidas
La escritora británica Evelyn Beatrice Hall publicó en 1906 el libro “The Friends of Voltaire” en el que relata como entendía la tolerancia el filósofo francés y dejó para la historia la frase “No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo” que acabaría siendo atribuida al mismo Voltaire aunque él nunca pronunció literalmente esas palabras. Pero la frase resume admirablemente el espíritu de su pensamiento y, sobre todo, una de las esencias de la democracia: defender siempre la libertad de expresión, incluso cuando rechazamos lo que expresa el otro.
Traigo esto a colación después de que centenares de personas se concentraron en Santiago la semana pasada para impedir la celebración de un acto del partido Vox en un centro sociocultural de la ciudad. Al grito de “Fuera fascistas de nuestros centros”, los manifestantes consiguieron que el acto no se celebrara.
La protesta contra una opción política forma parte de la libertad democrática. Se puede discrepar de la formación de ultraderecha y de otros partidos, criticar sus propuestas, manifestarse contra ellas y expresar públicamente el rechazo a sus ideas. Es perfectamente legítimo. Lo que resulta más difícil de conciliar con la democracia es impedir que quienes sostienen esas ideas puedan exponerlas públicamente.
Porque la democracia no consiste en que todos piensen igual, sino en hacer posible la convivencia entre quienes piensan diferente. El adversario político no es necesariamente un enemigo. Es, antes que nada, alguien que contempla la realidad desde otro punto de vista y que tiene el mismo derecho que nosotros a defenderlo dentro de la ley.
Por eso conviene distinguir entre protesta y censura. Protestar contra un partido es ejercer el derecho a la libertad; impedir por la fuerza que ese partido pueda celebrar un acto es privarlo del mismo derecho a ejercer su libertad. Si una idea nos parece equivocada, se combate con argumentos; si una propuesta es injusta, se denuncia; si un partido vulnera la ley, deben actuar las instituciones y los tribunales. Pero la calle no puede convertirse en el tribunal que decide quién tiene derecho a hablar.
Se da, además, una increíble paradoja: quienes pretenden defender la democracia frente a unas ideas que consideran antidemocráticas terminan utilizando procedimientos que contradicen la democracia misma que dicen defender. La libertad de expresión no puede depender de quién habla, ni de quién escucha. Una democracia madura no tiene ideas prohibidas, sino ciudadanos capaces de discutirlas, confrontarlas y, en su momento, rechazarlas en las urnas.
Cuando se considera al que piensa diferente como un adversario al que se debe eliminar y se comienza a tratar como un enemigo al que hay que silenciar, no se está fortaleciendo la democracia. Se está debilitando.