Cuando el poder traspasa sus límites
Entre las noticias inquietantes de la semana pasada sobresalen dos que obligan a pensar si quienes ahora ostentan el Gobierno olvidan que en democracia existen límites que ningún poder debería traspasar.
La primera es el dosier –exclusiva de Alejandro Requeijo en El Confidencial– del Ministerio de Interior en el que aparecen decenas de periodistas clasificados por su ideología, posición política y trayectoria profesional. El ministro Marlaska reconoce su existencia, pero asegura no haber encargado ni conocido ese dosier –muy en su línea, la culpa siempre es de los otros– y sostiene que es un documento meramente informativo.
La pregunta es ¿qué aporta a la seguridad del Estado, que es la misión del Ministerio de Interior, conocer si un periodista es de izquierdas, de derechas, conservador o progresista, afín o crítico con el Gobierno…? ¿Qué pinta el Ministerio del Interior “etiquetando” a los informadores?
Un periodista tiene derecho a pensar como quiera y a expresar libremente sus ideas. Lo único que importa a los ciudadanos y debe importar al poder es que cumpla el código deontológico de su profesión informando con objetividad de lo que ocurre en la sociedad.
Clasificarlos ideológicamente recuerda a la Brigada Social o a la Stasi de la desaparecida República Democrática Alemana y debería avergonzar a los impulsores y llevar al ministro Marlaska, su primer responsable, a dimitir. Esto no va de derechas o izquierdas, es una cuestión de libertad y respeto a la labor periodística.
La segunda noticia afecta a algo tan delicado como el censo electoral. El Tribunal Supremo (TS) suspende cautelarmente la inscripción automática en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la llamada Ley de Nietos, salvo que acrediten ser descendientes de españoles exiliados. La suspensión no anula la Ley de Memoria Democrática, ni retira nacionalidades concedidas, solo paraliza sus “efectos electorales” mientras se resuelve el recurso porque, dice el TS, hay un peligro real y serio para la objetividad y limpieza de las elecciones.
El problema lo creó una simple “instrucción administrativa” que, en contra de lo que dice la ley, dio la condición de exiliado a todos los que se fueron de España entre 1936 y 1955. Eso suponía un incremento y adulteración del censo, que forma parte de la esencia de la democracia. La pataleta del Gobierno ante la decisión del TS lleva a sospechar de su intención de alterar el censo sin la debida seguridad jurídica.
Son dos noticias preocupantes. La libertad de prensa y la limpieza del censo no son patrimonio de la derecha, ni de la izquierda, son patrimonio de los ciudadanos. Y si el poder intenta coartar la libertad o manipular el censo, atenta contra los valores democráticos que está obligado a proteger.