Cuando la corrupción deja de escandalizar

Cuando cada mañana los ciudadanos leen los periódicos o escuchan los informativos encuentran nuevos nombres y nuevos indicios de corrupción en quienes ejercen responsabilidades públicas. Una diaria acumulación de escándalos que socavan la democracia y erosionan la confianza de la sociedad.

Tantos altos cargos y dirigentes vinculados al poder y a organismos del Estado investigados –los últimos, la presidenta de la SEPI, directivos de empresas participadas, la directora y el DAO de la Guardia Civil– alimentan la percepción de que existe una forma de ejercer el poder en la que los comportamientos irregulares, incluso presuntamente delictivos, eclipsan la ejemplaridad que los ciudadanos esperan de sus gobernantes.

La corrupción, además de dinero y recursos públicos, roba algo más profundo: la confianza. El ciudadano que madruga, trabaja, paga sus impuestos, cuida de su familia y cumple con sus obligaciones observa desconcertado cómo muchos dirigentes viven bajo reglas diferentes. La sensación de impunidad resulta entonces devastadora porque erosiona la idea básica de que, en una democracia, la ley y las exigencias éticas deben ser iguales para todos.

El pasaje bíblico de Sodoma y Gomorra simboliza la decadencia de una sociedad que había perdido sus referentes éticos. Su enseñanza sigue siendo actual para nuestra sociedad en la que el mayor peligro no está solo en que existan corruptos, sino en que la corrupción deje de escandalizar y termine aceptada como una parte inevitable del paisaje político.

Produce especial indignación que nadie asuma responsabilidades políticas. Un dirigente no solo responde ante un juez, también debe responder ante los ciudadanos. Cuando la confianza pública ha quedado gravemente dañada, la dimisión no constituye una condena anticipada sino que es un deber de respeto hacia los ciudadanos como una forma de preservar la credibilidad de las instituciones. Por el contrario, cuando los investigados ni dimiten ni son cesados, sino que son respaldados por el poder, la sociedad percibe el mensaje demoledor de que ese poder protege a los suyos.

Es verdad que las democracias pueden resistir la corrupción. Lo que no pueden resistir es que los ciudadanos dejen de escandalizarse ante ella y pierdan la confianza en las instituciones llamadas a combatirla. Por eso, ante el cúmulo de tramas corruptas, tantas comisiones y mordidas, esos mismos ciudadanos se preguntan si queda alguien libre de corrupción en el entorno del poder y si España se verá algún día libre de esta lacra.

La respuesta está en la actuación de la justicia, en que las instituciones recuperen su fortaleza, los medios continúen informando y los cargos públicos comprendan que la ejemplaridad es condición indispensable para salvaguardar la democracia. Una pena que España no esté ahora en ese escenario.