El Senado investigará a RTVE
Tengo poca fe en las comisiones de investigación por su nula capacidad sancionadora o de reformar aquello que pretenden esclarecer y porque casi todas solo sirven para que los políticos se zurren dialécticamente. Aun así, la decisión del principal partido de la oposición de impulsar una comisión en el Senado sobre Radio Televisión Española puede poner sobre la mesa el viejo problema de falta de independencia, la manipulación informativa, la politización o las contrataciones opacas que los el ente público arrastra en España desde hace décadas.
Los medios públicos nacen para ofrecer información plural y veraz –la información es un bien común– al margen de intereses partidistas o comerciales. Su legitimidad se sustenta en esa independencia que deben acreditar en todos los contextos como referentes informativos. Ese es el interés general que justifica su financiación pública. Cuando dejan de cumplirlo, los ciudadanos acaban pagando un servicio que ya no responde al interés común por alinearse con el del Gobierno.
Eso ocurre cuando la línea informativa y de programas favorece al Ejecutivo, resaltando sus aciertos, minimizando sus errores y amplificando los fallos de la oposición. En ese momento los medios dejan de cumplir su función de servicio público y contrapeso del poder para convertirse en instrumentos al servicio del mismo poder.
Lo más inquietante es que la independencia de los medios públicos se cuestiona una legislatura tras otra. Cada partido denuncia la colonización cuando está en la oposición y la reproduce cuando llega al Gobierno. La alternancia no corrige el problema, lo perpetúa y RTVE se convierte así en un botín institucional que cambia de manos, pero no de procedimientos. Y la cuestión no es solo quién controla el ente público hoy, sino cómo evitar que el que venga decida controlarlo mañana.
En algunos países de nuestro entorno la independencia de los medios públicos se garantiza mediante mecanismos que impiden las decisiones unilaterales del Gobierno de turno: consejos de administración elegidos por mayoría reforzada, financiación estable, estatutos de redacción que protejan a los profesionales y órganos de supervisión con participación de la sociedad. Incluido un defensor del espectador y del oyente verdaderamente independiente, capaz de dar voz a la ciudadanía frente a las injerencias políticas y exigir transparencia en la línea editorial y en la gestión económica. Sin estas premisas, cualquier reforma es cosmética.
Dicho esto, presiento que la comisión del Senado, por sí sola, nada arreglará. Sí puede servir para recordar las injerencias denunciadas en RTVE en los últimos años y prestará un buen servicio si toda la comisión concluye y acepta que la independencia de los medios públicos no es un lujo ni una aspiración, es condición necesaria para una democracia de calidad.