La tragedia de Adamuz
En las elecciones de 1982 el Partido Socialista se presentó a las elecciones con el eslogan “Por el cambio” y cuando preguntaron a Felipe González en qué consistía ese cambio, el entonces líder socialista lo resumió en cuatro palabras: “Que el país funcione”. Eso significa que todo el entramado del Estado –desde las instituciones del sector público, hasta las empresas privadas que prestan servicios esenciales– cumplan con la función de dar servicios adecuados al ciudadano para mejorar su calidad de vida. Es una de las razones que justifican un Estado democrático.
Pues hoy el país no funciona. El ciudadano percibe un deterioro generalizado de instituciones básicas del Estado, también de algunas empresas privadas, y tiene la sensación de un desorden que se ha ido acumulando en los últimos años. Por poner unos ejemplos, ahí están la deficiente gestión del Covid, el apagón eléctrico, la DANA de Valencia y ahora la catástrofe ferroviaria en Adamuz.
Líbreme Dios de politizar la desgracia, pero esta tragedia, con el balance de 45 víctimas mortales y numerosos heridos, no ha sido un castigo divino ni una plaga bíblica. Tiene responsables de una cadena de negligencias e inoperancias que, además, han dañado gravemente la buena imagen de la alta velocidad española y siembran inquietud y miedo entre los usuarios del ferrocarril. “La corrupción y la mala gestión corroyeron el acero”, dice el humorista satírico El Roto.
La catástrofe tuvo un componente de fatalidad por la coincidencia de dos trenes en el mismo punto. Pero también puso de manifiesto un fallo grave en el mantenimiento de la red ferroviaria por la Administración que no realizó las inversiones necesarias para garantizar la seguridad de las vías. Las deficiencias fueron denunciadas por maquinistas e interventores que llevaban tiempo alertando de los problemas sin obtener respuesta.
Esa negligencia inversora se produce cuando el Estado tiene la mayor recaudación de la historia y contó con los fondos Next Generation y, pese al volumen de ingresos, la deuda pública alcanza máximos históricos porque el gasto público crece también de forma desmesurada, no para invertir en mantenimiento de infraestructuras sino para comprar adhesiones –y votos– en colectivos concretos.
Es legítimo subvencionar a determinados colectivos ciudadanos, pero sería más sensato priorizar inversiones que benefician al conjunto de la sociedad. Por ejemplo, antes que dar bonos de transporte sería más razonable invertir esos recursos en el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias que beneficiarían a los jóvenes y a todos los ciudadanos.
Porque gobernar no consiste en repartir favores, ni en asegurar votos en próximas elecciones. Gobernar consiste, ante todo, en lograr que el país funcione. Y hoy, el país está manga por hombro en muchos aspectos. No solo la alta velocidad.