El fiscalazo
El imaginario colectivo había dado por descontada la absolución del fiscal general. La sentencia temeraria dictada por Pedro Sánchez con carácter previo a la sentencia del Tribunal Supremo hizo pensar a muchos que todo estaba atado y bien atado para liberar a su fiscal de cualquier condena. La maquinaria de Moncloa y sus altavoces mediáticos habían elaborado una hoja de ruta que pretendía condicionar la decisión del alto tribunal y no escatimaron esfuerzos de toda índole para imponer su criterio, pero, queridos lectores, esto no funciona así. Los medios se esforzaron en hacer creer que el juicio se basaba en la autoría de una filtración a los medios que existió, pero cuya paternidad no se pudo demostrar, más que nada por el borrado del teléfono y el correo del fiscal, que se apresuró a borrar cualquier posibilidad de que los jueces contaran con esa valiosa prueba de cargo. Con todo, la justicia entendió que no era ese el único delito juzgado y se refirió a la revelación de secretos que el fiscal tenía la obligación de mantener en secreto y no lo hizo. En la nota de prensa que el señor García Ortiz mandó enviar a los medios, se hacía referencia entrecomillada de frases textuales que aparecían el mail filtrado y que suponían la revelación de datos personales que afectaban a un contribuyente y ahí estaba el nudo gordiano de un asunto que el Tribunal Supremo entendió que debía de sancionar y así lo hizo. El fiscal nunca debió de permanecer en el cargo porque ello supuso un daño importantísimo a la reputación de la institución que representaba. Quizá el fiscal quiso dimitir a tiempo, pero el gobierno le obligó a mantenerse en el cargo porque era “su” fiscal general. En pleno juicio el presidente Sánchez concedió una entrevista a su medio de confianza en la que afirmó indubitablemente que el fiscal era inocente, sometiendo, pretendidamente, a los magistrados del Supremo a una presión añadida que podría condicionar su veredicto final, pero no se consiguió. Sánchez hizo de este caso una batalla más en su guerra contra la presidenta de la comunidad de Madrid y perdió. No me quiero imaginar, aunque podría, la reacción de Sánchez si el fiscal hubiera sido absuelto: “la fachosfera hizo el ridículo”, “los del fango han sido derrotados”, “la derecha fue irresponsable”, “los pseudomedios deben ser cerrados” y un largo etc. de improperios propios del presidente. Pero no, el alto tribunal dictó sentencia libremente y por cinco votos contra dos la sentencia es firme y el fiscal se tiene que ir a su casa por la puerta de atrás y la fiscalía general del Estado ha quedado marcada para siempre. Difícil pedir a la ciudadanía que confíe en la institución que debe velar por el cumplimiento de la ley cuando su máximo responsable se la ha saltado a la torera. La España tensionada que quería Zapatero y su pupilo aventajado Sánchez está causando estragos en la calidad de nuestra democracia. Enfrentar a obreros con empresarios, a hombres contra mujeres, a inquilinos con propietarios, en definitiva, a todos contra todos, es la manera de romper la paz social y generar un estrés insufrible a la ciudadanía. Sin mayoría, sin presupuestos, sin el parlamento y sin la confianza del pueblo, Sánchez se mantiene dispuesto a amarrarse el sillón y negar la palabra a los españoles que, ante la situación del país, sería lo más razonable que podría hacer el presidente. Mi recordado Pedro Rodríguez escribió en una de sus columnas que “en España pasa todo, pero pasa tarde”. Es verdad, pero un presidente con un mínimo de honor y principios, no debería hacer más daño al sistema democrático por mucho comodín de Franco que esté dispuesto a utilizar permanentemente.
