El Congreso aprueba la ley para transferir la AP-9 a Galicia
Durante el debate, el PSOE, Sumar y el BNG celebraron la aprobación de esta “reivindicación histórica”
El Pleno del Congreso aprobó este jueves la ley de la AP-9 para transferir la gestión y la titularidad de la vía a Galicia, que continuará su tramitación parlamentaria. Solo el Partido Popular (PP) y Vox votaron en contra.
El origen de la ley surge del Parlamento de Galicia, aunque se desbloqueó hace unas semanas gracias al acuerdo entre el PSOE, el BNG y Sumar para incluir no solo la gestión sino también la titularidad a la Xunta de Galicia.
El nuevo texto dio pie a una proposición de ley orgánica, que sigue su tramitación en el Senado hasta que el traspaso pueda ser negociado en una comisión bilateral entre Xunta y Gobierno central.
La polémica reside en que la Xunta y el PP se quejan de que esta nueva ley no respeta la literalidad de la norma consensuada del Parlamento de Galicia, por lo que los populares trataron de revertir este asunto a través de enmiendas, que finalmente fueron rechazadas.
Durante el debate, el PSOE, Sumar y el BNG celebraron la aprobación de esta “reivindicación histórica”, mientras que Vox reprochó al PP que haya “comprado” el marco de los nacionalistas.
Sumar y BNG coincidieron en reclamar que la AP-9 puede ser “libre de peajes” para conseguir todas las aspiraciones relativas a esta vía gallega.
Enmienda del PSOE
Aunque los socialistas habían presentado una enmienda que evitaba la titularidad, el nuevo texto pactado sitúa como objetivo de la ley “la transferencia a la comunidad autónoma de Galicia de la titularidad de la AP-9 y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios de la autopista AP-9 a la comunidad autónoma de Galicia”.
Para ello, se determina que la Administración General del Estado (AGE) y la comunidad elevarán a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo que determine condiciones y límites para la transmisión de competencias en relación a la Autopista del Atlántico, lo que será aprobado por real decreto.
Asimismo, abordará los términos para las modificaciones que afecten al régimen económico-financiero de la concesión, “singularmente en lo que atañe al establecimiento, actualización y supresión de las tarifas y peajes, así como la aplicación de programas de descuento, incluyendo la autorización de aquellos que sean voluntarios a instancia de la concesionaria”; y para la redacción y aprobación de convenios, o adendas a los actuales.
Repercusiones económicas
Además, según el texto pactado, la AGE conservará a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la AP-9, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor que hayan sido motivadas por modificaciones adoptadas en el periodo en que ha tenido la competencia y con los limites económicos vigentes a la fecha de la aprobación del traspaso.
En la misma línea, las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración estatal previas a la transferencia recaerán sobre la misma.
El acuerdo de la transferencia deberá establecer “la obligación de la aprobación de las revisiones ordinarias o extraordinarias de tarifas que dichas modificaciones hayan establecido, con el fin de que estos límites económicos sean respetados”.
En cuanto a la Xunta, asumirá a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la AP-9, “todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso”.
Finalmente, los cambios que sobre el régimen económico financiero de la concesión quiera promover la comunidad no podrán afectar a los compromisos económicos previstos y “cualquier decisión que suponga un incremento de dichos compromisos deberá ser asumida íntegramente por la comunidad en la cuantía que este incremento suponga”.
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