Un año de gestión del litoral: La Xunta celebra avances pese a algunas “trabas”

El próximo 1 de julio se cumple un año desde que la Xunta gestiona los más de 2.500 kilómetros de costa en los que se ubican unas 4.000 edificaciones de todo tipo, incluidas más de 100 empresas del complejo mar-industria.

 Mayor simplificación en los trámites, homogeneización de precios y tasas, creación de un catálogo de bienes de interés cultural, senda del litoral y gobernanza son algunas de las cuestiones que la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, celebra que ha supuesto que Galicia gestione “íntegramente” su costa.

 La responsable autonómica explica que el procedimiento integrado de autorización está aprobado y ahora toca “ponerlo en marcha definitivamente”.

 En todo caso, afirma que ya se ha realizado una “simplificación” al pasar de cinco formularios a uno. Ahora, asegura, se trabaja en la siguiente fase, “que será un antes y un después”, pese a que, añade, “el 55% de los expedientes de concesión son de antes del año 2020”.

 Para finalizar ese procedimiento de integración, la conselleira fija un plazo: “Antes de que acabe este verano”. En cuanto a la senda del litoral, Vázquez pone en valor el “trabajo inmenso” para aprobar el trazado, destacando la colaboración “de los ayuntamientos”.

 En julio se comenzará a instalar la señalética en la ruta, de 1.300 kilómetros, y estará operativa una aplicación, por lo que anima a la ciudadanía a “disfrutar” las “joyas” del litoral gallego.

Relación con el Gobierno

Sin embargo, lamenta que algunos avances se vieron truncados por “las trabas del Gobierno”. Señala que los expedientes llegaron en cuatro tandas, es decir, 12.000 archivos “con un desorden total y absoluto” y que los últimos llegaron hace tres meses y “con muchos fallos”.

 “Quien no asumió que teníamos esas competencias fue el Gobierno y el Ministerio, a pesar de que intentamos ese respeto institucional, el diálogo fluido, parece que no le sentó bien que Galicia fuese la primera comunidad en tener una ley para gestionar íntegramente el litoral y que el resto siguieran los pasos. Las trabas están siendo máximas”, critica la conselleira.

 Precisamente, en la relación con el Estado, hay un nuevo frente: la modificación del Reglamento General de Costas. La Xunta denuncia que llevan año y medio sin convocar una Conferencia Sectorial en este ámbito.

 En opinión de Vázquez, esta norma es “el tercer intento” para intentar frenar a las comunidades que han seguido a Galicia “poniendo como excusa a Europa”, que, agrega, “pide que modifique la ley, pero con diálogo y participación”.

Intención de recurso

Cuestionada sobre si la Xunta dará algún paso más, asegura que “por supuesto” procederían a recurrirlo. “No es conforme a ley lo que quieren hacer. No vamos a permitir que las prórrogas otorgadas sean nulas de pleno derecho. Lo que pretenden es recaudar”, enfatiza.

 Vázquez también reivindica el Foro del Litoral, el órgano en el que están representados Xunta, ayuntamientos, cadena mar-industria, empresas y universidad, constituido en el mes de abril y que ahora se espera reunir trimestral y semestralmente.

 Pone en valor “el diálogo” con todas las partes y asegura que “no se hace nada sin llamar a la puerta de los ayuntamientos”.

 Sin embargo, el representante de la Fegamp en el Foro y alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos, explica que tras la primera reunión para constituir este órgano y hacer balance del traspaso, los municipios reclaman “diálogo”, a Xunta y Gobierno, porque la gestión “compete a las tres administraciones”.

 Cuestionado sobre la diferencia respecto a cuando la gestión recaía en el Estado, Cacabelos sintetiza algunas de las medidas aplicadas por la Xunta que le parecen “interesantes”: la senda de litoral, el modelo de chiringuitos de playas o el registro de bienes e inmuebles, entre otros.

 Para él, “la situación más problemática” está en el conflicto por el Reglamento de Costas. “Apostamos por tener una reunión a tres partes, porque lo que se legisle tanto en Madrid como en Santiago acaba en los ayuntamientos”, insiste.

Oposición

Mientras, el BNG considera que “es una semicompetencia”, define el viceportavoz parlamentario, Luís Bará, lamentando que Madrid mantiene “qué se puede hacer o no” en el dominio público-terrestre y en la zona de servidumbre.

 Sobre la gestión de la Xunta, ve “desinterés absoluto” en aprobar instrumentos de ordenación y protección de la costa” y “máximo interés” por impulsar actividades a “incrementar la presión urbanística y turística”.

 La diputada del PSdeG Patricia Iglesias muestra su preocupación por “el uso” gallego de esta competencia, argumentando que la costa “no puede convertirse en un espacio en el que prevalezcan intereses económicos o industriales por encima de la protección ambiental”.

 Así, ve “especialmente preocupante” que la Xunta “lidere un boicot” contra el cambio del Reglamento de Costas e insiste en que la norma de la UE “es clara”: “no se pueden prorrogar indefinidamente concesiones y usos de domino público marítimo-terrestre sin concurrencia pública”.

 De todos modos, Iglesias reafirma la posición del PSdeG, apostando por “el autogobierno” como capacidad para “decidir mejor sobre los intereses de Galicia, proteger el territorio y mejorar la vida de la ciudadanía”.