El PP gallego, en solitario, ha aprobado este miércoles una iniciativa con la que pretenden contrarrestar el informe de la ponencia de la ley para transferir la gestión y la titularidad de la AP-9 a la Xunta de Galicia, aprobado este martes en la Comisión de Transportes del Congreso, a fin de “respetar” la literalidad del texto que originalmente emanó de la Cámara gallega.
La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso dio luz verde a la redacción de un texto acordado por el PSOE, Sumar y el BNG, pero que el PP rechaza al entender que perjudica económicamente a Galicia.
En el marco del debate, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha pedido la palabra para mostrar el rechazo de la Xunta al acuerdo alcanzado en el Congreso ya que no respeta la petición unánime de la Cámara debido a los “costes económicos” que puede suponer para las arcas públicas de Galicia.
La conselleira ha puesto el foco en las modificaciones que recoge el nuevo texto y que elimina la obligación del Estado de asumir las obligaciones económicas derivadas de la concesión ya que, debido a las transacciones de los grupos, en este traspaso, la Xunta asumiría todas las obligaciones económicas y financieras con la empresa concesionaria (Audasa), lo que incluye los costes de las bonificaciones y posibles rescates.
Debido a las transacciones, la Xunta pasaría a asumir, respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, “todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso”.
El texto también precisa que las modificaciones sobre el régimen económico-financiero de la concesión que impulse la comunidad autónoma no podrán alterar los compromisos económicos ya fijados y que “cualquier decisión que suponga un incremento de dichos compromisos deberá ser asumida íntegramente por la comunidad en la cuantía que este incremento suponga”.
Por ello, la Xunta rechaza el texto e incide en volver a la redacción original dado que “no podemos menguar la soberanía parlamentaria de esta Cámara por las decisiones que se tomen en Madrid”.
“Cuando un Parlamento habla por unanimidad lo mínimo que se puede exigir es respeto, que no se rompa desde Madrid. Sería una anomalía democrática y eso es lo que hicieron el BNG y el PSOE en Madrid, ha expuesto Martínez Allegue, que insiste en que el informe que ayer recibió luz verde supone “un dardo envenenado” para Galicia.
En base a estas diferencias, el PPdeG ha aprobado esta mañana en el Parlamento gallego una proposición no de ley en la que se pideN garantías para que las bonificaciones actualmente vigentes continúen siendo financiadas por el Estado y no recaigan sobre los recursos propios de Galicia.
También demanda al Gobierno que dote a la Xunta de los recursos económicos necesarios para ampliar las bonificaciones de los peajes de la AP-9 y la subida acumulativa del 1 % de los peajes y que financie, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, todas las actuaciones e infraestructuras comprometidas o necesarias.
Asimismo, reclaman al Estado que asuma “cualquier consecuencia económica derivada de decisiones o situaciones ajenas a la responsabilidad de la Xunta de Galicia".
Por último, el PP gallego también solicita que se aporte a la Xunta de Galicia toda la información económica, jurídica y concesional vinculada a la AP-9, “garantizando la máxima transparencia sobre las obligaciones derivadas de la concesión y de las sucesivas modificaciones aprobadas por el Estado a lo largo de las últimas décadas”.
El diputado del PPdeG Roberto Rodríguez ha defendido esta iniciativa para combatir la pinza de PSOE, BNG y Sumar que "vienen de prostituir el acuerdo” del Parlamento gallego en un ejercicio que supone “una traición” a los gallegos.
El parlamentario se ha preguntado “qué pasó” para que los diputados gallegos hayan optado por cambiar el texto original: “¿Cuál es la mordida?”, ha espetado.
El diputado del BNG Luis Bará ha reprochado la actuación del PP que “no tiene escapatoria” y debe dar explicaciones sobre su negativa a la transferencia justo en el momento en el que se dio un paso importante para conseguir esta aspiración de los ciudadanos gallegos.
El nacionalista ha desechado los argumentos defendidos por los populares y ha asegurado que la redacción alcanzada sí blinda que el Estado se haga cargo de las indemnizaciones que puedan derivar de las actuaciones judiciales pendientes.
“Lo que pasa es que votan que no porque se quedaron fuera de juego y no quieren la transferencia” después de años de excusas que ya no sirven a los gallegos que “estamos hartos de fotos y declaraciones”, ha sentenciado.
Bará ha instado al PP gallego a “rectificar” y apoyar el traspaso en el Congreso aunque para ello deban “dejar de obedecer lo que les mandan desde Madrid y ponerse de lado de Galicia”.
“Espabilen y pónganse las pilas porque son el Gobierno de Galicia pero se comportan como una banda de hooligans del señor Feijóo y del señor Abascal. Y si no colaboran, por lo menos no estorben”, ha zanjado el nacionalista.
En la misma línea, el diputado del PSdeG Carlos López Font ha considerado que a los populares se les acabaron las excusas para justificar los motivos por los que “votaron de la mano de Vox y en contra de Galicia”.
Según el socialista, “votan en contra” porque si la Xunta se hiciese con la titularidad de la AP-9 perdería “uno de los elementos de confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez” en los que, a su entender, basa gran parte de su actuación el Ejecutivo de Alfonso Rueda.
López Font ha insistido también en que el acuerdo “contempla las reivindicaciones de Galicia” por lo que estamos “ante una oportunidad histórica” para revertir años de agravios a los gallegos que, ha recordado, derivan de la firma de la prórroga de la concesión de la AP-9 por parte del Gobierno de José María Aznar.
