Galicia, Asturias y Castilla y León se alían para que la UE obligue al Gobierno a liberalizar la AP9 y la AP66
La Xunta asegura que seguirá defendiendo el rescate y la "transferencia financiada" de la AP-9 con independencia de quien gobierne en el Estado
Galicia, Asturias y Castilla y León sellaron este miércoles la Declaración de Compostela, una alianza suscrita con las principales organizaciones empresariales de las tres comunidades para reclamar a la Unión Europea (UE) una resolución definitiva del procedimiento abierto sobre las prórrogas de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66 que obligue al Gobierno del Estado a ponerles fin.
La Declaración de Compostela subraya la importancia estratégica de ambas autopistas para la movilidad de personas y mercancías, la competitividad empresarial, la cohesión territorial y el desarrollo económico del noroeste. Además, destaca que su régimen concesional tiene una incidencia directa sobre millones de personas y miles de empresas.
El texto da muestra de una posición común del noroeste en defensa de los intereses económicos, sociales y territoriales compartidos y ha sido rubricado este jueves en la capital gallega por la conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestruturas de la Xunta, María Martínez Allegue; el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo; y la secretaria general de Movilidad de la Junta de Castilla y León, Natalia Flórez.
Por la parte empresarial, han intervenido el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites; la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, María Calvo; y el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios, Juan María Vallejo; así como el consejero de MundiNova y presidente de En Colectivo, Diego Maraña.
El acuerdo se produce cuando está a punto de cumplirse un año desde que la Comisión Europea (CE) concluyese en su dictamen motivado que las prórrogas de las concesiones de la AP-9 y la AP-66 formalizadas en el año 2000 incumplieron la normativa comunitaria en materia de contratación pública y concesiones. La apertura del correspondiente procedimiento de infracción contra el Reino de España comenzó hace casi cinco años, a raíz de una denuncia presentada por En Colectivo.
En el acto, la conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha explicado este mismo viernes las tres comunidades remitirán una carta al vicepresidente ejecutivo de la CE con la solicitud de reunión.
Además, la conselleira, que ha explicado que los recursos judiciales presentados por cada comunidad siguen distintos cauces, ha recordado que la Xunta se enteró hace casi un año del dictamen por los medios y que a día de hoy desconoce el contenido de la respuesta emitida por el Gobierno, un hecho ante el que acudió a los tribunales.
